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Las fiscalas Nathalia Silva Esteche y Luz Guerrero imputaron a Miguel “Celular” Servín y a su presunto testaferro Hugo Meza Huespe, por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. Para esta causa, solicitaron un plazo de seis meses para cumplir con la investigación. Esto como nueva línea de investigación en el Caso Belia.
Los ahora imputados habrían presentado títulos de grado y certificado de estudios de la carrera de Derecho, de la Universidad de San Lorenzo y de la Universidad Católica, respectivamente, a través de los cuales lograron acceder a su matriculación como abogados por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En el acta de imputación consta que, desde la Universidad de San Lorenzo (UNISAL), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), ni Miguel Servín ni Hugo Meza fueron alumnos de grado ni de posgrado y pese a ello fueron matriculados por la Corte Suprema de Justicia como abogados el 21 de diciembre de 2017.
De esta forma se abre otra línea investigativa en lo que respecta al denominado Caso Belia, en el que se indaga a una mega estructura responsable de envíos de varias toneladas de cocaína al continente Europeo, siendo la última carga interceptada la de los 2.906 kilos de la droga hallados entre carbón vegetal, entre el 19 y 21 de octubre de 2020, en el Puerto Seguro Fluvial de Villeta.
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Informes de la Corte y el MEC
El secretario general de la Corte, Julio Pavón, informó que tanto Miguel Ángel Servín y Hugo Meza Huespe prestaron juramento el 21 de diciembre de 2017, según consta en el Acta N° 3898, como auxiliares de justicia, remitiendo a su vez los legajos correspondientes, en que se verificó la presentación de copias de títulos de grado y certificados de estudios apócrifos.
Por su parte el Director de Asuntos Jurídicos del MEC, abogado Ernesto Escobar, informó al Ministerio Público que mediante verificación en el sistema informático del Departamento de Registros de Títulos de Pregrado, grado y posgrado “no se visualizan solicitudes ni registros a nombre de los dos imputados”.
Por su parte la rectora de la UNISAL, Elva Cogomo de Verón, también informó que Miguel Ángel Servín “no es egresado ni se halla matriculado en dicha institución” y por parte de la UCA, el secretario general Gabriel Benítez Colnago, informó que Hugo Meza Huespe no ha cursado carrera alguna en dicha institución.
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Narcotráfico y lavado de dinero, las otras causas
Miguel Ángel Servín Palacios fue detenido en el barrio Villa Morra de Asunción, el pasado 9 de octubre de 2021, en el marco del caso Belia, ejecutado por la agente fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Elva Cáceres. Por delitos ligados al tráfico de drogas Miguel Servín ya fue acusado.
Un mes después, se puso a disposición de la justicia Hugo Antonio Meza Huespe, quien en la investigación es señalado como supuesto testaferro de Miguel Servín, quien a su vez sería el líder de una estructura narcotraficante responsable del envío de cargas de cocaína y dueño de los 2.906 kilos de esa droga detectada en 2020 entre carbón vegetal en el puerto de Villeta.
Igualmente, Miguel Ángel Servín y otras seis personas, entre ellas también Hugo Meza Huespe, fueron acusadas por el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Juan Ledesma, por los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, según la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias y por el Código Penal.
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Cómo operaba esquema narco
Conforme a la fiscalía, Servín,con ayuda del imputado Turrini habría tenido directa participación en los diferentes actos preparativos para la remisión a Israel de un total de 2.331 Kilogramos de cocaína, mimetizadas en una carga de carbón vegetal distribuidas en bolsas de 20 kilogramos cada una, en el interior de los contenedore CAIU 493641-1 y SUDU 880087-9.
La droga fue incautada en fecha 19 y 20 de octubre de 2020, respectivamente, en el puerto privado Terport. Asimismo en fecha 21 de octubre de 2021, durante la revisión de otros cinco contenedores con perfil de riesgo en el mismo puerto privado, retenidos por la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera, fueron hallados 575 kilogramos de cocaína, esta vez en el interior de bolsas denominadas BIG BAG mezcladas con carbonilla, las cuales tenían como destino final Portugal.
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Según los investigadores, Servín supuestamente proveía de dinero obtenido del narcotráfico para la conformación de diversas actividades y maniobras para poder insertar el dinero como lícito disimulando de esa forma, su verdadera procedencia, constituyendo ala vez, empresas ficticias.
Para el efecto promovía actividades como constitución de empresas ficticias, inversiones y adquisición de bienes.
Esquema de lavado del entorno de Servín
En la acusación fiscal se señala además que, pese a que Miguel Ángel Servín y su esposa Liz Lailla Villalba constituyeron la firma “Lizmi SA”, “ninguno puede justificar el origen de las sumas de dinero y vehículos utilizados para integrar la sociedad, como también para que funcione la misma, debido a que Lizmi S.A. en todo momento operó con dinero producto del tráfico internacional de drogas”.
Por lo que se presume, según la acusación, que con las ganancias obtenidas a través del tráfico internacional de sustancias estupefacientes, Servín y Villalba adquirieron bienes como inmuebles y otro tipo de propiedades en Pedro Juan Caballero, Asunción y Encarnación, vehículos de alta gama, al igual que artículos de lujo como. Los bienes muebles e inmuebles eran registrados a nombre de terceras personas y testaferros.
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A partir de 2019, Bruna Martins “empezó a obtener beneficios económicos del producto de la comercialización ilícita de cocaína liderada por Miguel Servin Palacios”. La mujer, ingresó varias veces al país desde 2011 en calidad de turista, sin embargo, en 2020 inició los trámites para obtener la radicación permanente, refiere la acusación.
Bruna Martins realizó varias operaciones financieras durante el 2020, como compra de inmuebles y vehículos de alta gama, y recién en 2021 se inscribió como contribuyente en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). La mujer “realizó diferentes operaciones, con pagos al contado en un periodo de tiempo relativamente corto” y las mismas “no condicen con su capacidad económica, considerando que no existen antecedentes respecto a transacciones financieras internacionales, declaraciones de ingresos transfronterizos, o acreditaciones a sus cuentas bancarias”, así como tampoco hay registros de que haya sido funcionaria pública o privada.
Inicios de Miguel “Celular” Servín en Uruguay
En la acusación se describe que Miguel Servín inició su “carrera” dentro del crimen organizado en 2001, cuando fue detenido en Uruguay, junto con otras personas de nacionalidad paraguaya, brasileña y uruguaya. En poder de estos se encontraron 7,288 kilos de cocaína y 8,117 de marihuana, ocultas en el motor de un lavarropas.
Junto con Servín había caído Gustavo Alvarenga Cardozo, alias Comandante, quien era considerado como administrador del narco condenado y extraditado al Brasil, Jarvis Chimenes Pavão.
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Servín, Alvarenga y otro paraguayo identificado como Ronald Osvaldo Caballero Cantero, fueron condenados a cuatro años de prisión en Uruguay. Este hecho permitió a la Fiscalía determinar el periodo desde el que el hoy acusado incursionó en el crimen organizado, específicamente al tráfico de drogas.
Agrega la Fiscalía que esa dinámica “no se justifica con el periodo de tiempo que va desde 2004 al 2007 el señor Servín se dedicaba a la comercialización de celulares y chips telefónicos, lo cual no condice con la creación de una empresa denominada Lizmi S.A. en el 2010 con capital integrado de dos mil millones en conjunto con su señora esposa Liz Katherine Lailla Villalba”.
Otros operativos
En 2017, durante el denominado operativo “Cielo abierto - Segunda fase”, fueron incautadas en total 22 aeronaves que eran utilizadas para el transporte de drogas y, eran abastecidas con combustible por la empresa “Lizmi SA”, constituída entre Miguel Servín y Liz Lailla Villalba, que prestaba ese servicio en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero.
Dos del total de los aviones fueron relacionados a Miguel Servín en aquella ocasión, específicamente, las que contaban con la matrícula paraguaya ZP-TZP y ZP-BDK.
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Posteriormente, ya en 2019, a través de datos e informaciones analizadas por la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Secretaría Nacional Antidrogas (SIU-Senad), se iniciaron los operativos “Texas”, “Caso Belia” y “Swiffer”, esta última en julio de 2020 y por la SIU de la Policía Nacional.
Los datos hicieron posible tener conocimiento sobre una organización criminal que operaba en la parte norte del país, que se dedicaba al tráfico y la comercialización de droga, específicamente cocaína, que era ingresada de Bolivia, para su posterior envío a otros continentes.