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A través de su AI N° 323, la jueza penal de garantías Rosarito Montanía dio su autorización para la extracción de datos de 12 artículos electrónicos, ante el pedido hecho por el fiscal antidrogas Guillermo Javier Sanabria, en el marco de la causa caratulada “Jonathan Gabriel Benítez López y otros s/ Ley 1.881/2002 que modifica Ley 1.340 (Ley N° 6.379 crimen organizado)”.
Están imputados por tenencia sin autorización, tráfico y comercialización de sustancias: Christhian Gabriel Paciello Lacasa, Arnaldo Acosta Cristaldo, Jonathan Gabriel Benítez López, Diego Javier González, todos ellos paraguayos, y un ciudadano boliviano, Jorge Luis López Arroyo, todos detenidos el 16 de setiembre pasado con 73,973 kg de cocaína durante un allanamiento a una vivienda en Itapuamí, Luque.
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Los objetos en cuestión son nueve celulares, cuatro de ellos pertenecientes a Arnaldo Acosta, Diego Javier González y Jorge López, en tanto que sobre los otros cinco no se pudo determinar quiénes son sus propietarios. Además, una tablet, una tarjeta de memoria y un chip de telefonía, estos dos últimos también de Jorge López.
El fiscal Guillermo Sanabria fijó como puntos de pericia la búsqueda y extracción de filmaciones, mensajes de texto recibidos y la consecuente contestación, mensajes de voz y comunicaciones, agenda telefónica, videos, fotografías, ubicaciones, servicios de mensajería de Facebook, Instagram y WhatsApp.
Para dicha diligencia, el Ministerio Público designó a los peritos informáticos Sergio Salinas, Aldo Martínez, Antonio Ortiz, Mario Duarte, Rosa Flor, Jorge Riquelme, Juan Carlos Pineda, María Fleitas, Ramón Colmán, Rafael Barrios, Rubén Fleitas y Juan Villamayor. Uno de ellos deberá presentarse el 20 de octubre a las 9:30 a prestar juramento y asumir el cargo.
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Pericia de relevancia para la causa
En la resolución judicial, la jueza Montanía hizo constar que considera “de suma importancia contar con las informaciones que podrían contener los citados dispositivos electrónicos y tarjetas sim incautados en poder de los imputados el 16 de setiembre”.
En ese contexto, el agente fiscal Guillermo Sanabria presume que los artículos incautados de los procesados podrían contener datos relevantes en relación a los hechos investigados, que serían de mucha utilidad para la prosecución de la investigación y el avance de la pesquisa.
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Además, está la hipótesis formulada por el Ministerio Público de que los encausados, como parte de una organización criminal, habrían utilizado varias líneas telefónicas para coordinar y concretar la comercialización de cocaína, que ingresaban al territorio paraguayo desde Bolivia.
La Fiscalía indaga sobre la posible existencia de más integrantes del grupo narcotraficante.