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La denuncia fue formulada ante la Fiscalía zonal de Colonias Unidas, y es tramitada por el fiscal Reinaldo Castillo, quien tiene como coadyuvante al fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Díaz.
Los denunciantes son Gladys Domínguez y Norma Guerrero, bajo patrocinio del abogado Carlos Zelaya. La causa está caratulada “Jhonny Esteban Dressler y otros sobre lesión de confianza y otros”, número 312/22.
Además del contador de la iglesia, están incluidos en la denuncia la esposa del pastor, Mirta Elizabeth Martínez, y un hijo de ambos, Miqueas Eliezer Dressler.
La iglesia Tiempo de Clamor tiene bases operativas en Ciudad del Este, Luque y Obligado. Las irregularidades denunciadas se habrían detectado en esta última.
Según la denuncia, todas las donaciones, diezmos y ofrendas que recibían eran depositadas en una cuenta particular del pastor, con la complicidad de su contador. Llamativamente, desde la fundación de la iglesia el pastor Dressler adquirió varios bienes como muebles e inmuebles a su nombre, resultado de los aportes voluntarios de los creyentes, con la complicidad de las otras personas que fueron denunciadas.
El 17 de agosto pasado la Fiscalía efectuó dos allanamientos, en la oficina del contador Kartsch, quien también se desempeña como contador de la municipalidad de Hohenau, y en el domicilio del pastor Dressler, de donde fueron incautados varios documentos y computadoras que ahora son sometidos a pericia.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal, se está a la espera de un informe de los peritos forenses del Ministerio Público para determinar el curso a seguir. Por el momento no hay imputados en la causa.
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Comunicado de la iglesia
La iglesia a la que pertenece el pastor Dressler, quien sigue al frente, emitió un comunicado en el cual expresa su rechazo a la “falta de transparencia administrativa y nepotismo” en que se habría incurrido en este caso.
El religioso sigue ejerciendo la función de pastor de la iglesia en Obligado, por lo que la situación fue comunicada al viceministerio de Culto, dependiente del ministerio de Educación, el cual en su momento deberá expedirse sobre la situación del religioso, anulando su autoridad, refirió la denunciante Gladys Domínguez.