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El juez penal de garantías Julián López admitió la imputación formulada por la fiscala Natalia Cacavelos, contra el suboficial inspector Cristhian Daniel Ramón Agüero y el suboficial mayor Luis Alberto Zelada, por los hechos de hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, estos dos últimos de la Ley de Armas, por supuestamente sustraer municiones de la Comandancia.
En consecuencia dio inicio así al proceso penal y convocó a ambos policías para el próximo 7 de octubre, para las 9:30 y las 10:00, respectivamente, a una audiencia de imposición de medidas. La agente del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los uniformados.
A los dos suboficiales se le atribuye el hecho de supuestamente haber sustraído un total de 2.500 municiones calibre 9 milímetros de la Armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional y la venta, de una parte de ellas, en Pedro Juan Caballero a personas que estarían vinculadas al crimen organizado.
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Suboficial aprovechó acceso para sacar las balas
Según lo señalado por la fiscala en su teoría, en el acta de imputación, el suboficial Cristhian Ramos cumplía funciones en la Armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia de la Policía, de donde precisamente, el 17 de setiembre último, entre las 7:00 y las 10:00, habría sustraído 2.500 municiones calibre 9mm., correspondiente al Programa N° 10 de Tesorería de Operaciones contra grupos criminales.
Ramos Agüero incluso habría realizado varios viajes desde la Armería hasta su vehículo particular para transportar y guardar las municiones.
Tenía reposo, igual fue a la Comandancia a retirar municiones
Alrededor de las 12:00 de ese mismo día, el suboficial Luis Alberto Zelada, quien también estaba asignado a la Agrupación de Seguridad, en ese tiempo estaba con reposo médico, sin embargo, igualmente fue hasta la Comandancia para recibir las municiones de las manos de su camarada Ramos.
Zelada le había prometido el pago de la suma de G. 8.000.000 por las 2.500 municiones. Es así que, después contar con las mismas, el suboficial Zelada pagó un adelanto de G. 1.000.000 a su camarada Ramos, quedando el compromiso de pago de los restantes G. 7.000.000. Después, se retiró del lugar.
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En el contexto de negociaciones, tanto Ramos como Zelada habrían mantenido conversaciones previamente para coordinar la sustracción de los proyectiles y el pago en dinero.
El faltante en la Armería fue advertido recién el 21 de setiembre, tras una verificación efectuada por disposición de la jefatura de la Agrupación de Seguridad y el encargado del inventario de las armas, los equipos y las municiones.