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El destituido gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC), fue imputado ayer, lunes, en una segunda causa relacionada a delitos de corrupción durante su administración. También otras 49 personas fueron procesadas por el Ministerio Público en el marco de este nuevo caso.
El fiscal interviniente, Juan Ledesma, detalló ayer que se presume que el daño patrimonial causado rondaría los G. 24 mil millones.
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En conversación con ABC Cardinal, Ledesma comentó que el “N° 2″ junto con funcionarios de la Gobernación y supuestos proveedores montaron una estructura cuyo objetivo era desviar recursos de forma ilícita. Explicó que para la rendición de cuentas se utilizaron facturas presuntamente falsas con el objetivo de justificar transferencias relacionadas a obras, servicios y cursos “fantasma”.
“Se habría montado una estructura y una operativa a los efectos de justificar documentalmente las rendiciones de cuentas por estos desembolsos. Esta estructura, por un lado, habría utilizado facturas presuntamente falsas y, por otro lado, facturas que fueron emitidas por supuestos proveedores, por bienes y servicios que no han sido prestados”, precisó.
Proyectos “fantasma” que fueron pagados por Hugo Javier
El fiscal indicó además que, en el caso de las obras “fantasma”, los documentos que hicieron constar no presentan detalles sobre las mismas ni que puedan demostrar la ejecución de estos proyectos.
Con relación a los supuestos cursos, indicó que tampoco hay documentos que señalen cuándo ni dónde se habrían realizado, por lo que se presume que no se habrían llevado a cabo.
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Acerca de los servicios que presumen que no fueron prestados, pese a las transferencias realizadas, indicó que se llegó a esta conclusión conforme a allanamientos, testificales y documentos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). En ese sentido, incluso mencionó que no descartan que los supuestos proveedores de estos servicios hayan sido engañados también por dicha estructura delictiva.
Cómo prosigue la investigación
“Ahora va a proseguir la investigación con actos que requieren participación de las personas que pudieran tener algún tipo de participación en este hecho”, comentó en relación a la prosecución de las tareas investigativas.
Con relación la petición de arresto domiciliario, indicó que esta medida fue solicitada para personas sobre las cuales se sospecha que integraron esta estructura, mientras que “medidas menos gravosas” se pidió para quienes habrían colaborado facilitando estas facturas presumiblemente falsas.
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También comentó que solicitaron 6 meses -una vez concluida la investigación- para formular el requerimiento conclusivo en el marco de la causa.
Hugo Javier enfrenta tres causas relacionadas a delitos sobre corrupción y ya fue condenado a arresto domiciliario en uno de los procesos.