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Hugo Javier González, destituido gobernador de Central, y otras 49 personas fueron imputadas este lunes por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal, según informó el Ministerio Público.
Este es la segunda imputación que enfrenta el exgobernador por delitos relacionados a corrupción en la administración pública, teniendo en cuenta que ya había sido procesado por el uso de “facturas falsas”.
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La Fiscalía explicó que la nueva imputación contra el “N° 2″ tiene relación a la emisión de 51 resoluciones, por la cuales se autorizó “indebidamente” transferencias de recursos por la suma total de G. 24.424.032.733.
Estas transferencias, en concepto de aportes, tenían como objeto el financiamiento de gastos administrativos y misionales de proyectos que fueron presentados ante la Gobernación. No constante, los recursos desembolsados no fueron ejecutados en los proyectos formulados.
Además de Hugo Javier, imputaron a funcionarios y directivos de oenegés
El informe del Ministerio Público señala que entre las 49 personas imputadas figuran funcionarios de la Gobernación de Central y representantes de organizaciones civiles.
Menciona también que Cirilo Daniel Darmanas Flores y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, presidente y tesorero respectivamente del Consejo Regional de Salud de Central, “efectivizaron 8 cheques por la suma total de G. 1.693.409.509 que fueron desembolsados por parte de la Gobernación para financiar 8 proyectos; sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G. 957.763.109″.
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El fiscal de esta nueva causa, Juan Ledesma, indicó que durante la investigación se logró colectar evidencias “que sugieren que existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave”, de acuerdo al reporte del MP.
También señala el informe que “existen indicios suficientes para sostener, razonablemente, sobre su presunta autoría (Hugo Javier) o participación en los hechos por los cuales fueron imputados”. Esta causa, una de las tres que enfrenta el ex gobernador cartista, se inició en noviembre pasado, luego de la presentación de una denuncia por parte de concejales departamentales.
Fiscal solicitó arresto domiciliario de imputados
Al respecto, el fiscal Juan Ledesma confirmó a ABC Cardinal que solicitó el arresto domiciliario para algunos de los procesados, además, pidió medidas alternativas para otros procesados que habrían colaborado emitiendo facturas presumiblemente falsas por servicios que no fueron brindados.
Asimismo, refirió que considera “pertinente” esta solicitud de arresto, considerando que existe la sospecha de que estas personas formaron parte de la “estructura delictiva” que habría sido montada y está siendo investigada.
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Por otra parte, detalló que la pena privativa de libertad atendiendo estos hechos, que son calificados como delitos, es hasta cinco años.
Hugo Javier, en el marco de la causa de “facturas clonadas”, ya fue sometido a arresto domiciliario.