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Tras la sustanciación de la audiencia preliminar, en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, el juez en lo civil y comercial de este distrito Nelson Mercado Rotela, resolvió elevar a juicio oral y público la causa en la que está acusado el juez penal de ejecución de San Pedro, Néstor Arévalo, por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado, pues habría colaborado para el traslado de narcos a una “Granja Vip” en San Pedro.
También está acusados por esos ilícitos, Wilfrido Victoriano Quinanta Parodi y Alberto Ramón Orella Notario, exdirectores penales de San Pedro y Ciudad del Este, respectivamente.
La causa penal en contra los tres se abrió, dentro de la investigación de la masacre registrada el 16 de junio de 2019 dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro. El hecho dejó 10 víctimas, varias de ellas decapitadas y quemadas. Por este caso, 24 convictos del PCC fueron condenados a penas de 5 a 40 años de cárcel, ya con los años de medida de seguridad.
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Granja Vip para narcos
Con la pesquisa de la masacre se detectó el funcionamiento de una “Granja Vip”, ubicada detrás de la cárcel sampedrana y fuera del perímetro de seguridad.
En dicha granja fueron hallados dos peligrosos narcotraficantes, con alta condenas: Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, y Ángel Tranquilino Giménez, con penas de 26 y 21 años de cárcel, en ese entonces.
La causa contra Arévalo Zorrila es porque, según la acusación fiscal, favoreció a Chapaló con un cambio de sección, pues el mismo estaba preso en la “Granja El Porvenir” de San Pedro a la granja que, para el Ministerio de Justicia no existía.
Una vez instalado Chapaló, llevó a cabo obras y equipó el mobiliario para su entera comodidad.
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Tranquilino por su parte consiguió su traslado a la “Granja Vip” a través del director de la penitenciaría de Ciudad del Este, Alberto Orella. En agosto de ese año, el reo fue asesinato en la cárcel de Ciudad del Este.
Eso se dio luego de que Giménez y Orella hayan conversado y este último le haya indicado cómo hacer para lograr la resolución a su favor. La razón que expuso fue por seguridad personal.
Un día después Orella pidió al entonces director de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, el tarslado de Giménez. El acto se sustancia inmediatamente.
Los traslados a San Pedro se dieron bajo la dirección de Wilfrido Quintana.
Conversaciones excluidas
Llamativamente el juez Nelson Rotela excluyó dos pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, una de ellas relacionada a la pesquisa sobre la muerte de Tranquilino Giménez y la otra, consistente en extracción de datos de memorias externas, según indicaron desde la Fiscalía.
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Las últimas son de conversaciones, registradas entre el 12 y 13 de junio de 2019, entre Tranquilino y el abogado Héctor Montenegro. El primero le dijo visitó el “Señor Juez” y le pidió un adelanto consistente en US$ 3.000, de los cuales US$ 1.000 fueron entregados al juez Zorrilla como colaboración para su club (Deportivo Santaní) y otros US$ 2.000 como parte de lo pactado para su traslado a la Granja de San Pedro.