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El 16 de junio de 2019, los miembros del PCC recluidos en la penitenciaría regional de San Pedro usaron tres pistolas para iniciar la masacre de 10 miembros del clan Rotela.
El 25 de mayo de 2021, otros dos miembros del PCC armados con una pistola intentaron escapar de la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, pero fueron desarmados y reducidos a golpes por los guardiacárceles.
El 9 de setiembre de este año, una pistola también fue incautada del pabellón del PCC, pero en la penitenciaría regional de Misiones, antes de un nuevo escape masivo, solo un mes después de que 35 reos de ese mismo sector escaparan tras atacar a los agentes penitenciarios.
El 13 de setiembre pasado, dos sicarios que aparentemente responden al PCC y que estaban armados con una pistola cada uno organizaron un motín con intenciones de fuga en la penitenciaría regional de Concepción.
Cárceles sumidas en esquema de asquerosa corrupción
En la revuelta, que dejó un fallecido, se usaron también otra pistola y dos escopetas caseras hechas con caños que eran de un ventilador de pie.
En tanto que el 21 de setiembre último, la Policía halló una pistola y un inflador de aire que fue modificado para disparar cartuchos de arma de fuego, en una celda del pabellón del Centro de Rehabilitación Social (Cereso), que es la cárcel que funciona en la ciudad de Cambyretá.
Los hallazgos de estas armas de fuego evidencian que gran parte del sistema penitenciario paraguayo está sumido en una asquerosa corrupción, ya que aparentemente son los propios guardiacárceles los que hacen llegar los elementos prohibidos a los internos.
Es más, el sistema de inteligencia penitenciaria también maneja el dato de que numerosos agentes penitenciarios ya fueron bautizados como miembros del PCC y elementos del clan Rotela, que a su vez son las dos facciones principales que dominan los reclusorios de nuestro país.
Si el Ministerio de Justicia no ataca el esquema corrupto, pronto podríamos tener otra gran tragedia en cualquiera de las cárceles de nuestro país.