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El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Hugo Garcete, detalló este mediodía que la demanda fue iniciada por Perfecta Automotores contra Doña Consorcia S.A. y Stella Maris Duarte Pereira, para recuperar un vehículo entregado a cuotas. Se trata de la camioneta que fue utilizada por una ciudadana brasileña para frenar el paso de la comitiva que se constituyó hasta el Paraná Country Club para detener a Lindomar Reges Furtado, el pasado 15 de febrero.
“Ellos sacaron el vehículo con un contrato de prenda mientras pagan las cuotas, evidentemente a lo mejor no habrán pagado todo y como todos los contratos prendarios, se dio con una cláusula de secuestro”, detalló.
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El magistrado resaltó que el consorcio presentó el contrato y los pagarés, y todo estaba en regla. “Evidentemente el juzgado no tiene ni idea de que este vehículo puede estar afectado a alguna causa. Se hace el mandamiento y yo me entero ya después, por periodistas, que este vehículo estaba afectado a una cuestión penal”, indicó. Su orden de secuestro fue emitida a finales de julio.
No obstante, el 16 de setiembre, el oficial de Justicia informó que el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, informó sobre la imposibilidad de entregar el vehículo debido a que se encuentra a disposición del Ministerio Público y fue incautado en el marco del Operativo “Turf”.
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A raíz de ello, finalmente el vehículo no fue recuperado por el consorcio privado, y sigue siendo administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Cabe recordar que este rodado estaba siendo conducido por la brasileña Karla Andressa Guimarães cuando una comitiva policial y fiscal se constituyó para apresar a Lindomar, en el marco del Operativo Turf.
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Mientras el presunto narcotraficante recibía el aparente aviso de los guardias del predio, la mujer salió y se encontró de frente con la comitiva, que tuvo que frenar para verificar el auto y ver que no se encontrara dentro el sospechoso.
Dentro de este rodado se encontraron el pasaporte, las cédulas paraguaya y brasileña de Furtado, así como el habeas corpus preventivo otorgado en 2020 por el juez Carlos Vera Ruiz. La comitiva llegó tarde y el sospechoso sigue prófugo hasta la fecha.