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¿Qué tienen en común los narcotraficantes brasileños Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro” y Elton Lionel Rumich, alias Galán” , además de la nacionalidad, de estar vinculados al Primer Comando Capital (PCC) y operar desde Paraguay? Todos ellos compraban sus vehículos de la misma playa de vehículos de Pedro Juan Caballero, Alfacom SRL.
Según la investigación realizada por la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, Alfacom actuaba como intermediaria entre gente vinculada al crimen organizado y las principales concesionarias del país, de las que adquiría vehículos de alta gama para su posterior venta a los primeros y/ o sus testaferros o personas jurídicas de fachada.
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La imputación que dio origen al proceso abierto a Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y a la gerente de la citada firma Priscila Ramona Zárate Velázquez, revela que Alfacom se constituyó con un capital de G. 300 millones en el 2007 y para el 2013 registró un aumento de capital que llegó a G. 6.511.000.000.
“Minotauro, entre los clientes de Alfacom
“En ese contexto, a través de la firma Alfacom SRL se atribuye a los hoy imputados transacciones varias utilizando la sociedad conformada, para así disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico de varias organizaciones criminales e integrar sumas de dinero (...)”, señala la imputación.
“Alfacom SRL se encontraba alistada para cumplir funciones para varios grupos criminales y con las transacciones mencionadas, de la forma descripta, habrían colaborado con su conducta en la disimulación del origen del capital de diferentes organizaciones criminales, como ser: el clan García Morínigo, a través de sus prestanombres y empresas de fachada; a Cornelio Esquivel Maldonado, alias “Mitu”, a miembros de la organización liderada por Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias Galán, a miembros de la organización liderada por Levi Adriani Felicio, a Antonio Joaquim Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización liderada por Luiz Carlos da Rocha y otras organizaciones, todas estas con procesos y condenadas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos”, señala el acta de imputación N° 19 del 07 de julio del 2021.
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A pedido expreso del fiscal Andrés Arriola -ratificado por el fiscal adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Marco Alcaraz- el juez penal de garantías José Agustín Delmás se vio obligado a dar el sobreseimiento provisional a los tres procesados.
Llamativamente, la fiscala que realizó la investigación fue recusada un día antes de la fecha prevista para la presentación de requerimiento conclusivo y este quedó a cargo del fiscal Arriola, quien planteó sobreseimiento provisional. El argumento del Ministerio Público es la existencia de una decena de diligencias pendientes, para las que cuenta a partir de ahora con 1 año para su realización.
“Es importante resaltar que la presente investigación refiere sobre lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos relacionados al narcotráfico, que involucra a organizaciones criminales que operarían en la Paraguay y el Brasil, lo que implica trasnacionalidad del crimen, consecuentemente, resulta oportuno y necesario obtener informe de cooperación jurídica en materia penal con el Brasil, a los efectos de constatar si las personas físicas y jurídicas que contrataron con la firma Alfacom SRL y sus representantes, son efectivamente miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico en el vecino país y de esa forma, sostener objetivamente que el dinero utilizado por estos es producto del ilícito y simulación de la compra de vehículos es con la finalidad de introducir dichos bienes al régimen financiero nacional”, argumentó Arriola.
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El informe técnico del Laboratorio Forense sobre los perfiles financieros de las personas que operaron con la empresa ALFACOM SRL, específicamente Elizangela Maria Magalhaes, Grupo Factor S.A, y su representante legal Víctor Javier Paredes Valenzuela, Stylus Pet Shop S.A., Ederson Salinas Benítez, Ramón Salinas Benítez, Marcel Martins Silva y otros que tendrían relación con estas personas físicas y jurídicas, es una de las pruebas a ser incorporadas.
Tras levantamiento de medidas, piden vehículos secuestrados
Mientras tanto, la posesión de los 28 vehículos- muchos de ellos de alta gama- será objeto de discusión en tribunales. Estos bienes están a cargo de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que también tiene la administración de la firma y del inmueble en el que funcionaba la playa de autos.
Más de una treintena de inmuebles que tenían restricciones, están a disposición de los procesados tras el levantamiento de la medida de inhibición de vender y gravar bienes.
El abogado César Alfonso, en representación de Alfredo Galvalisis, solicitó recientemente al juzgado penal de garantías N° 2 la devolución de algunos vehículos incautados. El letrado argumenta que al ser beneficiado su cliente con el levantamiento de medidas cautelares -fianza real, prohibición de salir del país, entre otras- esta circunstancia también debería permitir el recupero de los bienes afectados por la orden de secuestro dispuesta por el juzgado en su momento.
Una camioneta marca Jeep modelo Rubicón Wrangler; una camioneta marca Sangyong modelo Korando, una motocicleta marca Ducati modelo Diavel, una motocicleta marca Piaggio modelo Beverly y una motocicleta marca Piaggio modelo Vespa son los bienes cuya devolución solicita Galvalisis.
El juzgado espera el dictamen del fiscal Arriola para resolver la petición de la defensa.
En caso de que se entreguen los bienes requisados y en el futuro, la Fiscalía finalmente decida acusar y llevar la causa a juicio oral, recuperar nuevamente estos bienes para su ingreso al patrimonio del Estado mediante el comiso de bienes será probablemente un caso perdido.