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Faltando apenas 15 minutos para que comenzara el juicio oral contra el brasileño Julio Cesar Belmonte do Amaral, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, llegó una nota de Hermenegilda Cubilla, entonces fiscala del caso, en la que pedía suspender el juicio, que estaba programado para las 10:30 del 21 de julio de 2021. Cubilla alegó entonces que estaba con COVID-19.
En este proceso judicial se resolvería si Julio César era culpable de adulteración de cajeros automáticos y falsificación de tarjetas de débito y de crédito, delitos por los cuales se le abrió una investigación en Paraguay en 2016.
Julio César Belmonte do Amaral enfrenta cargos por fraude, relacionado con el principal negocio de la banda: robar datos de tarjetas bancarias manipulando cajeros automáticos para luego retirar dinero usando tarjetas clonadas. El brasileño fue señalado por otro miembro de la banda y por autoridades locales como líder de la expansión del grupo en Paraguay, donde una fuente policial dijo que la banda también desarrolló una nueva estafa con la adulteración de POS de comercios locales.
Belmonte do Amaral es cuñado del líder del grupo, Florian Tudor, un gángster rumano apodado El Tiburón. En 2020, OCCRP (The Organized Crime and Corruption Reporting Project) publicó una investigación sobre las operaciones del grupo, que bautizó la banda de la Riviera Maya por la región costera mexicana desde donde operaban.
En 2021 arrestaron a Tudor, pero hasta ahora ha logrado evitar su extradición a Rumania mientras las autoridades mexicanas evalúan su caso.
La banda de la Riviera Maya se estableció en Ciudad del Este
Con Julio Cesar como cabeza, la banda estableció operaciones en Ciudad del Este, una urbe en donde conviven varios mundos y entre ellos sobresale el de la mafia. La permeabilidad de la frontera, la falta de presencia estatal y la corrupción hacen de ésta una zona estratégica para el tráfico de drogas, contrabando de todo tipo de mercaderías y trata de personas. La zona primaria de Ciudad del Este, donde el Puente de la Amistad conecta con Foz de Iguazú, en Brasil, es un hervidero de gente.
Estudios económicos publicados entre 2009 y 2010 ubicaban a la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina como una de las zonas con mayor movimiento comercial en todo el mundo. Caminar por sus pasillos y calles es como estar en una pequeña Torre de Babel. En los negocios y los comercios se escuchan diferentes idiomas de gente negociando, comprando y ofreciendo diferentes productos y transando en diferentes monedas.
“La Triple Frontera o la frontera seca son caldo de cultivo para este tipo de situaciones y la falta de control policial ayuda a que la delincuencia se desarrolle en este punto”, dijo Miguel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro, una organización especializada en ciberseguridad.
“Es como un panal de miel para las abejas para las organizaciones criminales, para que busquen establecerse ahí”, dijo un experto en crimen organizado, en referencia a la Triple Frontera.
Nueva suspensión
El 22 de julio, el presidente del Tribunal encargado de atender el caso, doctor Marino Méndez, volvió a suspender el inicio del juicio de Belmonte do Amaral, esta vez porque sus abogados no se presentaron. Antes el proceso ya se había retrasado porque la fiscala Cubilla había dejado el caso, alegando problemas de salud. Belmonte do Amaral lleva cinco años bajo arresto domiciliario.
Ese día, el juez Méndez, visiblemente molesto, dijo que minutos antes de que comenzara la audiencia le avisaron que uno de los abogados de Belmonte do Amaral -Luis Alberto Jiménez- no podía asistir porque tenía COVID-19. El otro abogado del acusado, Osvaldo Martínez, no presentó ningún documento que justificara su ausencia.
El juez Méndez señaló que el diagnóstico de COVID-19 no era válido porque no contaba con una certificación médica oficial, pero no le quedó otra opción que detener el proceso. Belmonte do Amaral le dijo al tribunal que no sabía por qué su equipo legal estaba ausente. Desde entonces, asumió su defensa la defensora pública Lucía Franco.
Recién el pasado 10 de agosto, y luego de cinco suspensiones, se pudo empezar con las primeras audiencias del juicio.
Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, el departamento paraguayo donde se desarrolla este caso, dijo que la no comparecencia de los abogados puede ser una de varias estrategias diseñadas para retrasar los procedimientos. Son conocidas como chicanas. Estás, señaló, se usan para aplazar los juicios durante tanto tiempo que los delincuentes cumplen toda su condena en arresto domiciliario, en lugar de ir a prisión.
Este proceso “es un ejemplo clave de corrupción [judicial]”, dijo. “Habíamos solicitado que esto sea investigado, pero pasa que las instituciones no funcionan”.
Desde que fue extraditado de Argentina en 2017 para ser incluido en esta causa, Belmonte do Amaral está recluido en un departamento en Ciudad del Este, a escasos cinco kilómetros en línea recta de Foz de Iguazú. Está bajo la condición de “prisión domiciliaria”.
Cecilia Pérez Rivas, exministra de justicia que ahora es asesora de seguridad nacional del Poder Ejecutivo de Paraguay, indicó que la decisión de retenerlo en esta ciudad fronteriza, con presencia del crimen organizado, se muestra “irregular” por el evidente riesgo de fuga.
Mientras su interminable proceso judicial se prolonga, OCCRP y sus socios escarbaron el pasado de Belmonte do Amaral, reconstruyendo los detalles de las operaciones de la banda en Paraguay a partir de registros policiales y entrevistas. Los periodistas también rastrearon múltiples propiedades en Brasil y en otros lugares que él y otros testaferros de la banda habrían comprado con las ganancias de sus estafas.
‘Dinero que ni siquiera puedes imaginar’
Ciudad del Este se encuentra en la llamada Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Económicamente, es el lugar más dinámico de Paraguay y una de las mayores zonas francas del planeta. La región también es conocida por la corrupción, la permeabilidad de las fronteras, el contrabando y la escasa aplicación de la ley.
“La Triple Frontera… es un lugar donde es difícil seguir la ruta del dinero”, le dijo la fiscala paraguaya Irma Llano Pereira al diario paraguayo ABC Color, que investigó con OCCRP este caso. Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, investigó a Belmonte do Amaral en 2014.
“Se lleva y trae dinero en efectivo entre Paraguay y Brasil, comprando vehículos de alta gama o valiosos inmuebles, con lo que se puede dar el lavado de dinero”.
Un exmiembro de la banda de la Riviera Maya señaló que Belmonte do Amaral fue enviado a Ciudad del Este en 2015, con la tarea de expandir el negocio del grupo en Paraguay. Para el brasileño, la movida lo acercó a casa, pues creció al otro lado de la frontera, en la ciudad turística de Foz de Iguazú, con su hermana, Jucilene Belmonte do Amaral. Tudor, el líder de la banda, la describe como su esposa, aunque legalmente está casado con una rumana.
Al igual que en México, donde la banda de Tudor se estaba expandiendo en ese momento, Belmonte do Amaral se puso a trabajar robando dinero de cajeros automáticos locales. El exmiembro de la banda aseguró que rápidamente comenzaron a ganar grandes cantidades de dinero y que él personalmente procesó más de 100 millones de dólares para el grupo en el transcurso de tres o cuatro años.
“He visto dinero en mi vida que ni siquiera puedes imaginar”, le dijo a OCCRP. “Llevaba 700 mil, 800 mil, un millón de dólares en pocos días”.
El exmiembro de la banda dijo que Belmonte do Amaral supervisó a otros skimmers (delincuentes especializados en clonar tarjetas) y canalizó parte del dinero de Paraguay a Brasil, donde se invertiría en finca raíces.
Además del skimming (robo de información) de cajeros automáticos, la Policía dice que la banda también fue pionera en otra estafa que apuntó a restaurantes locales y otros comercios en Ciudad del Este. Niños y “soldados” adolescentes se robaban los POS de un comercio, al que luego le instalaban un dispositivo que daba acceso a los detalles de todas las tarjetas que realizaron transacciones.
Luego, la banda reinstalaba el terminal de pago en otro negocio, a veces con la complicidad de empleados, y usaban la información para vaciar las cuentas de los clientes que usaban la máquina para sus compras.
Sin embargo, para 2016, la Policía empezó a tener sospechas de que algo estaba sucediendo.
La detención de Zarcú
En los primeros días de octubre de 2016, las autoridades paraguayas recibieron una alerta por parte de empleados de seguridad de un banco de Asunción. Personas desconocidas habían intentado instalar dispositivos como microcámaras y un lector de bandas magnéticas en un cajero automático ubicado en el centro de Ciudad del Este.
Un video en poder de las autoridades muestra cuando dos hombres descienden de una camioneta Kia Sportage de color blanco e ingresan al cajero automático. Unos días después, cerca de las 10:00, una camioneta con esas características es detenida por la Policía paraguaya en la supercarretera que une las ciudades de Hernandarias con Ciudad del Este, a pocos kilómetros de la Triple Frontera.
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El propietario del vehículo, que fue adquirido en febrero de 2015 en Brasil, era Julio Cesar Belmonte do Amaral. Según las autoridades paraguayas, había indicios de que la camioneta Kia fue adquirida con dinero de las actividades criminales bajo investigación. Este es uno de los elementos principales que sostiene la fiscalía para investigar a Belmonte do Amaral en esta causa. En el 2014, el brasileño ya había sido expulsado de Paraguay tras ser detenido en el Aeropuerto Silvio Pettirossi con una maleta llena de tarjetas de crédito y elementos considerados para lectura de datos.
En la verificación del vehículo Kia por parte de la Policía se incautaron tarjetas de crédito y de débito, presuntamente clonadas, así como un adaptador para almacenamiento de datos, entre otros elementos.
En la operación fueron detenidos dos rumanos. Uno de ellos era Marian Zarcu, de 42 años, quien en ese momento conducía el vehículo.
Según investigadores rumanos, Zarcu, conocido como “NAS”, trabajaba para Tudor, el líder de la Banda de la Riviera Maya, coordinando al grupo de personas conocidas como “recaudadores” que viajaban por el mundo extrayendo dinero de los cajeros automáticos, usando las tarjetas clonadas de las víctimas.
Sus víctimas fueron igualmente internacionales: las autoridades paraguayas identificaron 106 tarjetas diferentes en posesión de Zarcu y sus cómplices que contenían datos de cuentas de bancos no sólo en Estados Unidos y México, sino también en Argentina, Chile, Europa, Israel y Japón.
En Puerto Vallarta, en la costa Pacífica de México, Zarcu era dueño de una casa y en Rumania es accionista de tres empresas. Una de ellas tenía tres licencias de taxi en un pueblo cerca de Bucarest, según registros judiciales.
El otro rumano arrestado en la redada fue Laurentiu Catalin Bota, de 32 años, quien al parecer se encuentra libre en Rumania.
Del poder de ambos se incautaron un documento de “autorización” para que pueda utilizar el vehículo, firmado por Belmonte do Amaral. Este es uno de los principales elementos que tuvo la fiscalía para incluir al brasileño en la investigación y libró orden de captura internacional en su contra.
Como parte de una redada más amplia, la Policía arrestó al brasileño Amantino Vargas Neto cerca de un complejo de aparthoteles en Hernandarias, una ciudad paraguaya en la Triple Frontera. En la habitación en la que se hospedaba, la Policía descubrió un equipo de clonación de tarjetas.
Expulsados del país
En relación con este operativo, la Policía también allanó una habitación de hotel en esta misma ciudad, alquilada por el brasileño Eberson Nantes Do Amaral, primo de Julio Cesar, y encontró tarjetas clonadas y carcasas de cajeros automáticos adheridas a dispositivos caseros. Nantes do Amaral tiene orden de captura internacional desde abril de 2017 por el delito de falsificación de tarjetas de débito o crédito y otros medios electrónicos de pago. Actualmente, se encuentra prófugo.
Tras la sentencia de Zarcu, Bota y Vargas Neto, los tres fueron condenados a pagar una multa de G. 4.377.600 (US$ 634) cada uno, además de ser expulsados del país y entregados a las autoridades migratorias de Brasil, según un comunicado de la oficina de Migraciones de Paraguay.
La Policía Federal de Brasil confirmó en un correo electrónico que Zarcu y Bota habían ingresado a ese país el 2 de noviembre de 2016 por Ponte da Amizade, “porque fueron expulsados de Paraguay por no hacer el trámite migratorio obligatorio en ese país” y que posteriormente ambos habrían salido de Brasil vía el Aeropuerto Internacional de Guarulhos/São Paulo.
La salida de Bota se registró el 6 de noviembre de ese año y la de Zarcu al día siguiente. Sin embargo, no hay garantías de que Zarcu, Bota y Vargas Neto no estén operando de vuelta por Paraguay, aseguró una fuente, teniendo en cuenta lo vulnerable que es el sistema de control de frontera en esa zona.
El ingreso de los miembros de la banda al país sudamericano fue ilegal, pues las autoridades migratorias no tienen registros de su ingreso al país.
El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que el principal servicio de monitoreo de transacciones con tarjetas de Paraguay los contactó y señaló que hubo retiros frecuentes y por montos pequeños en Ciudad del Este con tarjetas mexicanas, europeas y estadounidenses, lo que llamó la atención.
“Operan así para que la gente quizás no pueda darse cuenta de que le falta 100 dólares, 150 dólares, entonces no hay denuncias” dijo Alarcón.
CDE, el sueño de compradores compulsivos
La Policía y la Fiscalía paraguayas calculan que las principales víctimas de estos grupos son los brasileños, por ser quienes más utilizan tarjeta de crédito para sus compras. Según la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, unos 40 millones de brasileños son potenciales compradores en la zona de la Triple Frontera, sin tener en cuenta a compradores argentinos, paraguayos y de otras nacionalidades que visitan la zona. Esto hace que este mercado se muestre realmente atractivo para estas bandas.
Juliana Giménez Portillo, entonces fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos de Paraguay, dijo que en el país era la primera vez que se incautaban tarjetas clonadas con chip, microcámaras y lectores de banda magnética, usados para clonar tarjetas.
Sin embargo, a pesar de la aparente solidez de las pruebas, ninguno de los detenidos está en prisión en Paraguay.
En noviembre de 2016, las autoridades migratorias paraguayas dijeron que Bota, Zarcu y Vargas Neto fueron multados y expulsados a Brasil por “producción y uso de tarjetas de crédito clonadas” y por encontrarse en “situación migratoria irregular”. Al año siguiente, Belmonte do Amaral fue localizado en Eldorado, un pequeño pueblo de Misiones, Argentina, y enviado extraditado a Paraguay.
Conexiones de alto nivel
Tras ser detenido en el 2014, Julio Cesar Belmonte do Amaral no tardó en encontrar abogados vinculados al poder político de Paraguay. Uno de sus primeros defensores, en el proceso judicial de ese año, fue Ulises Quintana, exdiputado por el Partido Colorado y excandidato a intendente de Ciudad del Este por el mismo partido.
Cuando Quintana era diputado fue suspendido por vínculos con el narcotráfico en investigaciones que saltaron entre 2018 y 2019. Posteriormente, fue procesado y acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa e incluso estuvo preso en 2020. Sin embargo, salió de la cárcel y recuperó su escaño en la Cámara de Diputados. Actualmente, sigue en la arena política. En el 2022, fue Quintana designado por el gobierno de Estados Unidos como “significativamente corrupto”.
Unos días después de su arresto, su caso de Belmonte do Amaral quedó cerrado y fue expulsado de Paraguay tras pagar una multa de 10 millones de guaraníes (unos US$ 1.500).
Llano, la fiscala que trabajó en esta investigación sobre Belmonte, dijo que la mayoría de las estafas con tarjetas en el país son realizadas por extranjeros, quienes suelen ser multados y expulsados. En parte para evitar el riesgo de que les enseñen sus métodos a otros reclusos en las cárceles paraguayas.
Lo que nadie sabía era que, dos años después, Belmonte aparecería de vuelta por Paraguay involucrado con Zarcú y sus socios.
Contactado por los periodistas, Zarcu afirmó que no tenía “ninguna relación” con Julio César Belmonte do Amaral, que “no tenía ni idea de lo que estaba haciendo” y no quiso contestar preguntas sobre las actividades de la banda. Vargas Neto no respondió a una solicitud de comentario.
Bota dijo a los periodistas que solo se había enterado de la existencia de Tudor por las noticias. Añadió que cuando lo arrestaron en Paraguay estaba de vacaciones en este país y que no tenía nada que ver con actividades de skimming.
Un portafolio de propiedades brasileña
Parte del dinero que la banda de la Riviera Maya hizo en Paraguay se invirtió en inmuebles brasileños, según fiscales rumanos y el exmiembro de la banda.
En entrevistas con periodistas de OCCRP, el exmiembro del grupo indicó que fue a Brasil a entregarle dinero en efectivo a la esposa de Tudor, Jucilene, para construir una casa en Foz de Iguazú. Usando documentos del registro de propiedad, los periodistas identificaron otras propiedades en la ciudad registradas a nombre de Jucilene, otros miembros de la familia Belmonte do Amaral y otros supuestos testaferros de Tudor.
Jucilene Belmonte do Amaral tiene cuatro propiedades a su nombre en Foz. Una se compró en 2015 por poco más de US$ 530.000 y las otras tres en 2019 por un total de US$ 172.000.
En total, entre 2014 y 2019, los registros muestran que miembros de la banda y sus apoderados adquirieron al menos once propiedades por poco más de US$ 950.000. El exmiembro de la banda que entregó fondos en Brasil señaló que era imposible que los testaferros pagaran estos bienes por cuenta propia.
Cleusa Belmonte do Amaral, la madre de Jucilene y Julio Cesar Belmonte do Amaral, compró una de las propiedades en marzo de 2014 por poco más de US$ 25.000, a Johny Araujo do Amaral.
Otras fueron adquiridas por la esposa de uno de sus hermanos, Jucivaldo Belmonte do Amaral, quien también parece haber estado involucrado en el skimming. En 2016, Jucivaldo pasó cuatro días en una cárcel de Florida luego de que la Policía descubriera en un registro una tapa de botella de plástico llena de cocaína y 46 tarjetas de crédito falsas en un vehículo que usaban él, Johny Araujo do Amaral y otro asociado.
En 2014, cuando agentes de seguridad registraron la maleta de Julio César Belmonte do Amaral en el aeropuerto de Asunción -la capital de Paraguay- encontraron una caja con el nombre y la dirección de Jucivaldo en Foz de Iguazú. Esta contenía tarjetas de crédito de plástico blanco, que se pueden usar para clonar, así como teléfonos celulares, dinero en efectivo y 18 tarjetas de varios bancos.
En agosto del mismo año, la esposa de Jucivaldo compró dos unidades en un condominio por más de US$ 23.000 cada una. Las volvió a vender en 2019.
Tudor y su esposa adquirieron otra propiedad en la ciudad por 232.400 reales brasileños (más de US$ 100.000) en julio de 2014, según indican los registros. El exmiembro de la banda compartió fotos de otra lujosa propiedad en el mismo condominio cerrado, en la que dice que Tudor trabajó unos tres años después, aunque los periodistas no pudieron confirmarlo a través de los registros de propiedad.
Tudor, su esposa Jucilene, Cleusa Belmonte do Amaral y Jucivaldo Belmonte do Amaral no respondieron a las preguntas sobre las propiedades y las actividades de la banda.
Otro de los supuestos apoderados, nombrado por el exmiembro de la banda, también compró una propiedad en 2015 y un terreno en 2019. Su esposa y una persona llamada Francisco Marconcini Junior compraron otra propiedad en 2017.
Paulo Cesar Felix no respondió a las preguntas sobre sus conexiones con Tudor y las propiedades brasileñas.
Una vez concluida la última audiencia judicial de Belmonte do Amaral, éste pudo tomar un taxi a casa para esperar la siguiente etapa de su largo proceso legal. Aunque el fiscal Carlos Almada insistió en que el caso no corre el riesgo de prescribir, está claro que Belmonte do Amaral se ha beneficiado enormemente del débil sistema estatal del país.
“Estos grupos… el negocio o comercio lo hacen en Ciudad del Este porque la justicia no existe acá. Todo es cuestión de dinero”, dijo Barreto.
Tereza Fretes (ABC Color), Eduardo Goulart (OCCRP), Jonny Wrate (OCCRP) y Lilia Saul (OCCRP) contribuyeron con este reportaje.