Cargando...
La fiscala de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, Claudia Morys, imputó a dos supuestos explotadores sexuales identificados como Paulo César Fines Ventura (38 años), de nacionalidad brasileña, y Óscar Darío Fretes Rodríguez (25 años) por los hechos punibles de actos homosexuales con menores de edad y proxenetismo.
Además, solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para ambos.
La agente del Ministerio Público refirió que “hay sospechas suficientes sobre los mismos por eso imputamos por esos hechos”.
Añadió “la investigación es incipiente, pero la calificación de proxenetismo es de un marco penal de hasta 6 años. Sin embargo, ambos tipos legales harían un concurso que podría elevar el marco penal, pues se trata de hechos punibles contra menores de edad lo que hace que sea grave el hecho investigado”.
Refirió que el pedido de prisión preventiva fue solicitado ante el riesgo de fuga por la gravedad del hecho y el alto marco penal que implica el mismo.
Lea más: Fiscala aguarda información oficial sobre situación de paraguayos “esclavizados”
Supuestos explotadores atrapados en motel
La fiscala delegada antitrata de personas, Karina Sánchez, había recibido una denuncia sobre un supuesto caso de menores de edad que habrían sido llevados a un motel, dentro de un esquema de explotación sexual. Inmediatamente tomó las medidas correspondientes y movilizó a la Policía.
Mediante una orden judicial se realizó un allanamiento en el motel “Wish”, ubicado en la zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora. La comitiva sorprendió a Paulo Fines, quien estaba con un adolescente de 16 años, a bordo de un automóvil BMW X6 blanco, con matrícula HBX 901.
Durante la intervención llegó Óscar Fretes, a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee. Este se presentó como amigo de Fines, por lo que fue verificado.
Lea más: Trata de personas: paraguayas fueron repatriadas desde Bolivia
Fines y Fretes quedaron detenidos por disposición de la fiscala y el muchacho fue rescatado.
En el lugar se incautaron G. 35 millones en efectivo, además de US$ 5.800, varios celulares y un arma de fuego Sig Sauer P320 calibre 9mm, con tres cargadores y 58 cartuchos de la marca Luger, propiedad de Paulo Fines.
Ambos serían parte de un esquema de explotación sexual y, de acuerdo con datos que manejan desde el Ministerio Público, no se descarta que haya más menores como víctimas.