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En la Operación Belia se indaga una red narco que estaría liderada por Miguel Ángel Servín Palacios, alias Celular, detenido en octubre de 2021. Está señalado como dueño de los 2.331 kilos de cocaína ocultos en bolsas Big Bag, cargadas con carbón vegetal, que debían llegar a Portugal desde el Puerto Terport de Villeta.
En ese sentido también se abrió una pesquisa por lavado de dinero, en el que están procesados su supuesto testaferro Hugo Antonio Meza Huespe, su esposa María Silvia Lezcano Monges, y también la hermana de Hugo, Naida Natalia Meza de Cafarena (32 años), como supuesta colaboradora del grupo.
De acuerdo con la imputación fiscal, Naida Meza sería un eslabón dentro del lavado de activos, pues habría utilizado sus cuentas bancarias para integrar el dinero ilícito al sistema financiero legal.
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Colaboradores de Miguel Servín tendrían vínculos con el PCC
Dentro del mecanismo empleado, según informe de inteligencia, en el 2020 Naida habría recibido en su cuenta bancaria una transferencia de G. 45.000.000 y en 2021, otra de G. 377.706.000 de la firma “MECHA IMPORT S.A.”; en 2020 también habría recibido una transferencia de G. 113.724.500 y G. 4.180.000, en 2021, otra de G. 7.555.000, de la empresa “TRIGON S.A.”.
Por otra parte, en 2021, Naida Meza también habría transferido G. 347.217.003 a la empresa “TRIGON S.A.”, además habría efectuado operaciones financieras en reiteradas ocasiones entre ambas empresas de Hugo y María Silvia, por periodos prolongados.
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Todas esas transacciones se habrían efectuado al mismo “tiempo en que los miembros de las facciones criminales del Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) realizaban las operaciones financieras al margen del sistema financiero legal con su hermano Hugo Antonio Meza Huespe”, según se detalla parte de la imputación en el AI N° 132 de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Supuesta colaboración en el lavado de dinero
Según la imputación fiscal Naida Meza de Caffarena operaba en el sistema bancario con varias entidades, a través de las cuales recibía múltiples transferencias bancarias de personas físicas y jurídicas vinculadas al esquema de lavado de activos administrado por su hermano Hugo Meza.
Dentro de ese presunto esquema, en 2019 Miguel Servín Palacios habría adquirido una cancha de padel para su novia, Bruna Regina Martins Morais, también procesada, a través de su supuesto testaferro Hugo Meza quien habría tenido la ayuda de su hermana Naida, para ocultar el origen del dinero.
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Posteriormente, Naida también habría colaborado con Bruna Martins, para que el emprendimiento “IL CORPO PADEL” figure a su nombre y no a nombre de la propietaria real que era Bruna, esto, para encubrir el vínculo existente con el capital ilícito de Miguel Servín.
Cuando esa operación se llevó a cabo Naida fungía como representante de la firma “MECHA IMPORT S..A.”, mediante un poder de administración de fecha 22 de mayo de 2021; pero, las gestiones administrativas ante autoridades eran hechas por Hugo y su esposa María.
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Ante esos hechos se atribuye a Naida, que, aparte de ser titular por cesión de derechos para el usufructo de la franquicia “Il Corpo Padel” también habría constituido la empresa “Pozo Rancho S.A.” en sociedad con su marido Rodrigo Javier Cafarena Ramírez, y en 2021 habría creado la empresa “CGH S.A.”.
Confirman proceso a hermana de supuesto testaferro
La Cámara de Apelación en lo penal, conformada por los magistrados Gustavo Ocampos González, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias, mediante AI °N 161 confirmaron el proceso penal abierto por la Fiscalía contra Naida Natalia Meza de Cafarena, por los hechos de lavado de activos y asociación criminal según la Ley 1340/1988 de drogas.
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El abogado Rodrigo Javier Monges Luces, defensor de Naida, había apelado el AI N° 132 de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, en el que se rechaza un incidente de nulidad planteado por el mismo auxiliar de justicia contra la imputación fiscal a su defendida.
Tanto el incidente como el posterior recurso se plantearon en el marco de la causa “Miguel Ángel Servín Palacios s/ lavado de dinero”. De hecho Miguel Servín está investigado en la Operación Belia como supuesto dueño de 2.331 kilos de cocaína hallados entre carbón vegetal en Villeta, entre el 19 y 21 de octubre de 2020.
Naida Meza es hermana de Hugo Antonio Meza Huespe, supuesto testaferro de Miguel Servín, quien también está procesado. Otros supuestos integrantes del esquema narco de Servín, como Cristian César Turrini y Alberto Ayala Jacquet, supuesto apoyo logístico para el envío y dueño de la carbonería, donde se cargaron las bolsas con la droga, respectivamente, afrontarán juicio.
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Defensa considera que no hubo análisis
El abogado defensor de Naida Meza señaló como agravio, con relación a la imputación fiscal- que existen incongruencias entre los supuestos hechos y la calificación atribuida a su defendida y que en la misma se individualiza a la mujer, pero no así los hechos y el tiempo en el que habría cometido los hechos.
El auxiliar de justicia cuestiona que la resolución de la jueza, en la que rechaza el incidente de nulidad de la imputación, “la falta de análisis en cuanto a si las conductas descritas en el acta de imputación se subsumían dentro de las conductas descritas en las normas que pretendían incursar o eran contrarios a las mismas o podrían subsumirse dentro de otros tipos penales”.
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Por su parte, el fiscal Ysaac Ferreira respondió que “se cumplen con el requisito de la descripción sucinta de los hechos que se le imputan a Naida Meza, tanto en lo que ha pasado como hecho sospechoso delictual, su modalidad, su presunta autoría, su tiempo y lugar y su presunción de vinculación con otros co-procesados”.
Los miembros de la Cámara analizaron los planteamientos de la defensa y del Ministerio Público y en consecuencia concordaron en que la imputación cumple con todos los requisitos enumerados en el artículo 302 del Código Procesal Penal y “no se han transgredido las garantías procesales ni se ha desconocido los derechos a la presunción de inocencia”.
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Además, “resulta prematuro hablar en esta etapa inicial de la investigación fiscal, que los hechos que sirven de base a la imputación no tienen un sustento jurídico”, pues el Ministerio Público aún cuenta con tiempo para colectar mayores elementos que para sustentar su teoría para su acusación.