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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó en sesión y en carácter de urgencia la custodia de seguridad para el juez de Amambay Álvaro Justo Rojas y para la magistrada de Asunción Sandra Silveira. Esta última informó al máximo tribunal haber recibido amenazas anónimas a través de la vía telefónica y proveniente de un celular que fue requisado en la penitenciaría de Tacumbú.
“No se olviden que hay amenazas que se cumplen”, sostuvo el presidente de la Corte, Antonio Fretes, durante la sesión, haciendo mención al asesinato del exdirector del penal de Tacumbú, Óscar González Olmedo, quien estaba ejerciendo funciones en la máxima instancia judicial. Según investigadores, se presume que la orden del atentado provino de dicha penitenciaría.
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Por su parte, el ministro Víctor Ríos, indicó que están trabajando en un pedido de inclusión de un fondo que será destinado exclusivamente para la seguridad de jueces del fuero penal dentro del presupuesto de la Corte para el próximo período.
Tacumbú, ¿oficina de sicarios?
El director de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia, René Alvarenga, designado como interventor de Tacumbú, se refirió a la presunta amenaza recibida por la jueza Silveira desde este penal e indicó que “la amenaza de la jueza no salió de esta penitenciaría, sino que fue de Misiones y creo que fue incautado por los compañeros de esa penitenciaría el aparato celular que usó la persona para poder amenazar a la jueza”.
Así también, negó que el penal de Tacumbú sea una “oficina de sicarios”, como dio a entender el comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, cuando se refirió a los presuntos asesinatos por encargos que se registraron en los últimos meses.
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“Esos presupuestos que habló el comandante no se dan, no sé cuál sería la fuente de información para que él maneje eso que él mencionó”, expresó.
El Ministerio de Justicia había ordenado el 30 de mayo pasado la intervención de la penitenciaría de Tacumbú, luego de descubrirse la fuga de César Ortiz, alias “Gordito lindo”, y de otro recluso de 27 años, identificado como Salvador Martínez. Ambos internos están vinculados al grupo criminal denominado clan Rotela.