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Cerca del mediodía de ayer, miércoles, una galería de la escuela “Bernardo Ayala Vázquez”, de la ciudad de Quiindy, se derrumbó. Menos mal que este lamentable suceso solo dejó daños materiales, ya que los alumnos y docentes se encontraban en otra aula. La directora de la institución, Catalina Correa de Leguizamón, explicó que el salón desplomado fue refaccionado recientemente y que se utilizaron unos G. 60 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El derrumbe de esta aula es el tercero en lo que va del año.
El 20 de febrero pasado, parte del techo de un salón de la escuela “Nuestra Señora de la Asunción”, de Coronel Oviedo, se desplomó; tampoco hubo heridos, pues todavía no se iniciaban las clases en esa fecha. La directora de la institución, Alba Ortiz, aseguró que solicitó la refacción de los salones a la municipalidad y a la gobernación, pero no obtuvo ninguna respuesta.
El 6 de mayo de este año, parte del techo de un aula de la escuela “María Felicidad González”, de Asunción, también se desplomó. Los alumnos del Preescolar que se encontraban dando clases en el lugar resultaron ilesos.
Tampoco se puede dejar de lado el derrumbe del aula del "Colegio Nacional de Lambaré" en setiembre del año pasado. Las vigas no pudieron soportar el peso de la estructura y ello provocó que el techo se desplomara; esta vez, 13 alumnos y la docente que se encontraban en el lugar resultaron heridos. Esta instalación también había sido recientemente inaugurada antes del suceso.
Esta preocupante situación nos deja la interrogante de cómo están administrando el dinero del Fonacide. Según la mencionada ley, por lo menos el 50% de los recursos transferidos a los gobiernos departamentales y municipales debería destinarse a proyectos de infraestrutura en educación, como construcciones, remodelaciones, mantenimientos y equipamientos. Pero con los constantes derrumbes de las escuelas es fácil deducir que no se están invirtiendo correctamente estos fondos.
Es evidente que algo se está haciendo mal con el manejo de los recursos, puesto que es increíble que construcciones nuevas, que supuestamente deberían estar en buenas condiciones, se desplomen tan pronto. Materiales de segunda mano y el despilfarro del dinero público por parte de los municipios y gobernaciones provocan que los estudiantes den clases con el miedo de que el techo de sus aulas se derrumbe sobre ellos.
Cuando en un colegio se inaugura una construcción, toda la comunidad festeja este logro; sin embargo, ahora, ni las refacciones podemos celebrar, ya que no sabemos si realmente se utilizaron vigas de buena calidad que soporten el peso de la estructura. La falta de prioridad de la educación se viene arrastrando de gobiernos anteriores que no se preocuparon por el mantenimiento de las instituciones y ahora se encuentran en estado deplorable. La eterna pregunta es: ¿Hasta cuándo los estudiantes y docentes van a seguir pagando las consecuencias del mal uso de los fondos destinados a educación por parte de los intendentes y gobernadores?
Por Dahiana Galeano (19 años)