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La semana pasada, la joven Tanya Villalba fue víctima de tres policías que le implantaron 350 gramos de cocaína en su vehículo. Los agentes implicados eran de la comisaría 11ª Metropolitana, quienes pidieron a la muchacha entre G. 5 millones y G. 10 millones para liberarla “del problema”.
Ante esta situación, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Eliza Ledezma, argumentó que una coima o “transa” existe porque hay una oferta de los policías y una demanda por parte de los ciudadanos. Se sabe que muchos civiles incurren en este tipo de prácticas deshonestas, pero no por eso los agentes van a deshonrar su uniforme; en ningún caso, los hechos de corrupción pueden ser justificados.
Los casos de soborno se registran en distintos ámbitos de la institución policial. “Si querés solucionar esto, ahoraité te paso la libretita y ya sabés qué hacer”. Ante la apetecible propuesta, muchos ciudadanos caen en el error de jugar sucio solo para salvar su pellejo. Obviamente, este ofrecimiento no siempre lo realiza el uniformado, pues antes de pagar una alta suma de dinero, el infractor prefiere “darle para su coca y empanada” al oficial, a fin de resolver rápido el problema.
Por otra parte, no vamos a meter a todos los agentes en una misma bolsa, pues en nuestro país todavía existen policías honestos que arriesgan sus vidas para salvar a las personas que se encuentran en peligro. Lastimosamente, parece que los uniformados que honran la insignia de la institución son una minoría, porque la inseguridad, gatillo fácil, extorsión y coimas son el pan de cada día.
Es una pena que, actualmente, no se pueda decir que el agente de policía es el ídolo defensor de la ciudadanía, pues tras las botas y los uniformes existe un gigantesco esquema de corrupción, el cual debe ser cortado de raíz; sino, ¿en manos de quién estará la seguridad de los civiles?
Quizás, el caso de Tanya no es el primero, pero ojalá sea el último, pues de qué sirve vivir en una sociedad democrática si el soborno y la extorsión son siempre la primera opción. Por otro lado, esperemos que el peso de la ley caiga sobre estos oficiales implanta-pruebas; mientras tanto, los ciudadanos seguirán con la duda de quién podrá ayudarlos.
Por Dahiana Galeano (20 años)