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La polémica con las sanciones se inició tras los incidentes protagonizados por el senador Paraguayo Cubas, quien volverá a ejercer su cargo recién en junio, al cumplir la suspensión de 60 días. Entre los hechos que cometió el legislador, debemos recordar que agredió físicamente al secretario de Fernando Lugo, José Duarte; además, bañó con su botella de agua al comisario principal Aureliano Marín; todo este show se dio durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Asimismo, la botella de este legislador no solo bañó al comisario, pues el senador Juan Carlos Galaverna también salió bastante mojado de la sesión en la que, justamente, se trató la sanción a Payo. En ambas ocasiones, el representante de Cruzada Nacional demostró una actitud totalmente reprochable, ya que los actos violentos no se justifican en ningún caso.
Lastimosamente, la actitud que suele adoptar la Cámara Alta es muy común, pues mientras los senadores aceleran el proceso para castigar, con razón, a aquellos que comenten actos violentos, existen otros de sus colegas denunciados por acciones ilegales pero que no registran ningún tipo de sanción en su historial. Muchas veces, estos parlamentarios son los que utilizan fondos públicos que implican despilfarros a costa nuestra y sus casos duermen en los cajones por años.
En este grupo se encuentra la senadora Zulma Gómez, “la experta en cambios climáticos”. A finales del 2018, esta legisladora supuestamente viajó a Polonia para participar de un congreso sobre dicho fenómeno ambiental. Sin embargo, lo curioso de la situación es que la misma no apareció en la nómina de los que acompañaron a la delegación paraguaya a esta Conferencia organizada por la ONU.
Por otra parte, el legislador Dionisio Amarilla obtendría una sanción, no por la denuncia de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que pesa en su contra, sino por enfrentarse, en plena sesión, a Salyn Buzarquis. “La vida de lujos del parlamentario no coincide con el salario que percibe”, según la acusación presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, denuncia que aún sigue dormida en la fiscalía, desde julio del 2018.
Finalmente, a pesar de que la violencia y la corrupción deberían ser juzgadas con el mismo rigor, todo lo expuesto nos muestra cómo funcionan las cosas en el Senado. Ahora, esperemos que algún día a nuestros legisladores no les tiemblen las manos para condenar a aquellos colegas que utilizan los bienes públicos para su beneficio personal, así como lo hicieron, esta vez, con las inconductas de Payo.
Por Rebeca Vázquez (18 años)