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Con la complicidad de los directores a su cargo, Ramón Maciel en la Secretaría Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y María Víctoria Diesel en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), el ministro Sosa deja el cargo sin responder a graves irregularidades, con perjuicios varias veces millonarios para el Estado, durante su administración.
Desde la contratación en el SNPP, en forma directa, de un consultor (Miguel Angel Vera) para la elaboración de un organigrama institucional por nada menos que US$ 26.000 mensuales, trabajo que nunca fue mostrado a la opinión pública, pasando por dudosas licitaciones que beneficiaban siempre a una misma empresa, la grosera y comprobada sobrefacturación en la compra de insumos (los famosos ruleros y cucharitas de oro) para los cursos de capacitación, el pago de nada menos que G. 33.000.000 por cada pasaje de funcionarios de una frondosa delegación que viajó a Tel Aviv (Israel), hasta llegar al sospechoso convenio del MTESS con la firma israelí ROBOGROUP-Intelitek Ltd. para la capacitación de 247 instructores (cuya lista nunca fue dada a conocer) dentro del Programa de Innovación en Metodologías de Aprendizaje (PIMA) por más de US$ 5 millones y que debía "revolucionar la educación paraguaya".
A todo esto se suma en el SNPP la dudosa contratación plurianual de una empresa para el servicio de limpieza (Laya S.A. de Carlos Ayala Moreno), por más de G. 12.000 millones a cuatro meses del cambio de gobierno, donde se denunciaron falta de pago de salarios de tres meses, IPS y planillerismo y que el propio Ministro de Trabajo minimizó, en perjuicio de las trabajadoras y para favorecer a la empresa privada.
En el Sinafocal, también vinculado al programa PIMA, se denunció igualmente la recontratación millonaria de instituciones "formadoras" que presentaron documentos falsos. Se trata del Centro de Formación y Capacitación (Infoservice), de David Fernando Zavala Bernal; Colegio Técnico San Luis, de Óscar Daniel Leguizamón Chaparro; American Internacional, de Gladys Teresa Borba Rolón; Centro de Formación y Capacitación Laboral del Sector Eléctrico SA (Cefocale SA); Emprendimientos de Profesionales Paraguayos SA (Empropar SA); y Sermar Servicios Integrales, de Sergio Damián Martínez Jara.
Todas éstas denuncias fueron suficientemente documentadas y en ningún caso hubo respuesta por parte del Ministerio de Trabajo a cargo de Guillermo Sosa que siempre justificó las irregularidades pero jamás ordenó alguna investigación o sumario administrativo para esclarecer los hechos. La nueva titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) Carla Bacigalupo, siguiendo el lineamiento señalado por el mismo presidente recientemente asumido Mario Abdo Benítez, de no a la impunidad y a la corrupción, tiene la obligación de ordenar una profunda auditoría en éstas instituciones tan caras a los intereses de los sectores más vulnerables.
Solo de esta forma se podrá revalorizar al Ministerio de Trabajo y sus instituciones satélites, al parecer sumamente expoliadas de acuerdo a las denuncias presentadas.