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Para el Poder Judicial todos somos sospechosos de cometer eventualmente algo ilícito; es lo que cualquier ciudadano siente al llegar al Palacio de Justicia y más aún al permanecer en él por cierto tiempo para un menester tan prolongado como un juicio oral. De entrada someten a un control electrónico el cuerpo de cada persona y sus pertenencias.
Luego, para asistir al juicio oral, y público, se debe exhibir documento personal, con base en el cual se elabora una planilla. Una vez adentro, se prohíbe el uso de celulares, excepto al personal de seguridad y a los “dueños de casa”, jueces y fiscales.
Dicen que la justicia es el ámbito donde se dirimen los pleitos; ahí estaban los familiares de la víctima (singular porque no he visto a nadie más que a familiares de Pablo) y el supuesto autor con sus abogados.
Para nosotros, como periodistas, las víctimas son los familiares de las dos personas asesinadas, en especial los de Pablo, por ser el tercer hijo de don Pablo Medina asesinado por más o menos las mismas razones: revelar sin temor las acciones ilegales de la mafia en Canindeyú.
Para ellos no había ningún apresto de seguridad. Sin embargo, he visto llegar al principal sospechoso del asesinato con una custodia parecida al aparato de seguridad presidencial, dentro de la sala había policías uniformados y de civil y guardias de la cárcel, que evidentemente no respondían a nuestra necesidad de seguridad, que dicho sea de paso se manifiesta más en la vía pública que en una sala cerrada.
La fiscala se movía también con un custodio casi pegado a la espalda.
En fin, una superestructura de seguridad para proteger al reo y a los magistrados y fiscales. Esto no lo pagan los ministros, jueces ni fiscales, tampoco los policías ahí presentes y menos aún los sospechosos y sus abogados. Los pagamos yo y otros giles como yo que abonamos impuestos.
Por eso creo que todo este inmenso gasto debe ser cargado a quien resulte condenado porque no me parece justo que todos nosotros, don nadie, tengamos que cargar con el enorme gasto que ocasiona la investigación y el proceso judicial. ¿Por qué los condenados solamente deben pagar los gastos de honorarios?
Más injusto aún es que las víctimas de familiares asesinados tengan que conformarse con una condena, generalmente tardía, sin reparación alguna de los daños provocados por la muerte.