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Las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien en una muy mala y superficial comparación con Noruega y Suecia, dijo que en Paraguay se debería eliminar el salario mínimo para desarrollar mayor competitividad, evidencia un discurso político en contra de los trabajadores paraguayos.
Pero las declaraciones, que además de ser cuanto menos desacertadas, no solo se quedan en simples palabras, sino también en políticas públicas contra los trabajadores, ya que la misma Ley de micro, pequeñas y medianas empresas pervierte el derecho básico a un salario mínimo, estableciendo inconstitucionalmente la posibilidad de celebrar contratos en los que se pague hasta un 80% del mísero salario mínimo.El propio ministro admite en un momento de sincericidio que el sueldo mínimo no alcanza al trabajador promedio, ¿entonces para qué hicieron una ley que posibilita además pagar menos de eso?, lo que evidencia que la dignidad del trabajador no es una prioridad del gobierno.
Si bien es cierto que las mipymes concentran entre el 71% y 75% de la población paraguaya ocupada, equivalente a aproximadamente 2.181.000 personas, de una fuerza laboral total del país de 3.070.000 personas, es insostenible establecer políticas públicas en detrimento de sus trabajadores, disminuyendo su poder adquisitivo.
Además, el gobierno enfoca en el detrimento de los derechos laborales, obviando los verdaderos desafíos de las mipymes en términos de productividad, acceso a financiamiento y formalización, limitando su capacidad para expandirse y seguir generando más fuentes de trabajo. En un contexto de alta informalidad, muchas de estas microempresas operan fuera del marco legal y carecen de los beneficios y protecciones que ofrece el empleo formal, como la seguridad social y el acceso a pensiones. En vez de atacar este flagelo y buscar alternativas para que las microempresas saquen ventajas de la formalización, incentivando a la misma, o derribar las barreras burocráticas, el gobierno de Peña busca socavar los derechos del sector más vulnerable.
Incluso el mismo Santiago Peña se comprometió con empresarios a eliminar la estabilidad laboral, planteando a la misma como un problema para el crecimiento patrimonial de los empresarios, no así los problemas de inseguridad, institucionalidad, falta de garantías a los inversionistas o la corrupción imperante, ligada al crimen organizado, del que varios de sus correligionarios están involucrados.
Es así que este gobierno evidencia su línea directa en contra de los trabajadores, buscando esconder y evitando la responsabilidad de los problemas reales del país, haciendo comparaciones absurdas en detrimento de derechos básicos, pero obviando el peso estatal y la presión tributaria de los países que admiran, llenándose la boca de un discurso de odio contra el sector más importante, el de los trabajadores, para socavarle sus derechos y seguir sosteniendo los privilegios de una casta.
pedrodare@abc.com.py