Cargando...
El último escándalo está dado por el regalo navideño que recibió Venancio “Ñoño” Núñez de un Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Cándida Fleitas y Ana Rodriguez. Nuñez fue enviado a su casa a cumplir una condena de once años de cárcel por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos no auténticos. Nuñez fue Gobernador de Presidente Hayes entre los años 2008 y 2013. La investigación fiscal demostró un perjuicio al Estado de 42.503 millones de guaraníes.
El Tribunal pasó por alto la opinión del fiscal, Luis Said, que se opuso a la excarcelación. Núñez podría darse a la fuga ante la pesada condena. Esta situación será imposible, supuestamente, con la fianza de 54 mil millones de guaraníes, importe de 18 inmuebles. ¿Investigó el Tribunal el origen de estos inmuebles? ¿No será que fueron comprados con dinero de la Gobernación? En este caso lo que corresponde es el comiso.
Según la abogada que defiende a Núñez, Josefina Aghemo, para juntar los 54 mil millones “la familia hizo un pequeño esfuerzo”. La elevada suma, al parecer, es una insignificancia ante la fortuna de los Núñez que siempre se mueven en la función pública. De aquí, tal vez, el comentario de la abogada de que reunir 54 mil millones sea, apenas, “un pequeño esfuerzo”. ¿No podría hacer un esfuerzo más y devolver al Estado lo sustraído?
Nuñez fue condenado el 15 de diciembre del año pasado por un Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos. Se apeló esta medida ante la Corte que hasta hoy no se ha pronunciado. De este hecho se valen las magistradas para decir que la sentencia no está firme.
La dilación de la Corte es un viejo recurso para favorecer o perjudicar –según la cara del cliente- a quienes acuden a ella. Le da una mano a Núñez y con esa misma mano castiga, por ejemplo, a la exsenadora, Katya González, a quien el cartismo y satélites –integrados por tránsfugas y expulsados de su Partido- le dieron de baja el pasado 12 de febrero mediante groseras irregularidades de procedimiento. Los enemigos de la democracia no estaban para ajustar su conducta a la legalidad y la decencia. La orden era expulsarla del Senado. Y así fue para escándalo nacional e internacional. Fue otro de los hechos que nos presentó ante el mundo como un país donde las leyes sucumben ante la orden superior, muy típico de las dictaduras.
Katya acudió a la Corte Suprema de Justicia para retomar su banca ante la evidente inconstitucionalidad del caso. En octubre pasado la exsenadora presentó el cuarto urgimiento a la Corte ante su silencio. Seguramente va a presentar otras tantas veces porque no se trata de una cuestión judicial sino política ante la cual los ministros de la Corte se hacen los desentendidos para no tomar una decisión que vaya a molestar al Cuarto Poder, o sea, al cartismo.
Hay una larga historia que prueban los atropellos a las leyes originados en el mismo Poder Judicial. Recordemos, por caso, el prevaricato en el que incurrieron cinco miembros de la Corte. En su edición del 11 de noviembre de 2021, el diario ABC Color trajo la noticia con este titular: “Cinco miembros de la Corte Suprema se declaran unos a otros inamovibles”. Según los entendidos, les corresponde la inamovilidad hasta la edad de 75 años, pero el delito consistió en esa cooperativa de ayuda mutua. Lo que correspondía era que otros magistrados interviniesen en el caso.
¿Alguna vez el Poder Judicial fue una institución respetable? Parece que sí, según César Báez Samaniego que escribió “La edad de oro de la justicia paraguaya (1949 -1959)” Cuando Stroessner –que ascendió al poder en 1954- comenzó a intervenir en el Poder Judicial, muchos magistrados presentaron su renuncia antes que someterse a la dictadura militar. Hemos salido de ella para caernos en una dictadura civil en la que ya no hay jueces que renuncien como protesta por el atropello a la justicia. Los tiempos cambiaron. En fin, feliz Año Nuevo.