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Por su parte, los positivistas afirman que fueron los teóricos del derecho natural, con sus ideas de la justicia absoluta, quienes prepararon el terreno a los tiranos.
Actualmente hay consenso de que el pueblo es el titular del poder político, y que son los órganos e instituciones establecidos en la Constitución sancionada y promulgada en la Convención Nacional Constituyente, a través de sus miembros elegidos en elecciones libres, los legítimos detentadores y ejecutores del poder político en un Estado.
Del congreso, con sus dos cámaras, emana la legislación positiva sancionada, promulgada por el Poder Ejecutivo. La constitución no es una entidad natural, sino el producto de la inventiva y del poder coactivo de seres humanos en sociedad; su contenido debe ser eficaz y justo; todos abogamos por un derecho positivo que tenga consistencia por su contenido de valor ético, moral y político.
La voluntad de la mayoría en las dos cámaras del Congreso puede sofocar el valor y la eficacia de la ley, si las decisiones son adoptadas ahogando el derecho de la minoría a ser escuchada; esa minoría integra el pueblo; la mayoría parlamentaria no es el pueblo, es una parte del pueblo.
En ese contexto político jurídico constitucional, analizaré sintéticamente el sistema electoral vigente en Paraguay para la elección de miembros del Congreso, ante la pretensión de algunos políticos de volver al sistema de “listas cerradas” o “listas sabanas”.
La lista cerrada y bloqueada implica que un partido político elabora mediante un procedimiento interno, su lista de candidatos a diputados y senadores, y el elector debe limitarse a votar sin poder modificar su sufragio en el orden establecido, a riesgo de nulidad del voto, tanto en las elecciones internas como en las elecciones nacionales.
Se está en presencia de un régimen electoral donde prima la partidocracia, que describe el fenómeno por el cual los órganos fundamentales del poder estatal se convierten en meros ejecutores de las decisiones adoptadas al interior de los partidos” (Wikipedia).
Es notorio que este sistema electoral no corresponde a una democracia plena, porque en la democracia debe ser el voto libre del elector el que elige a los congresistas.
El sistema electoral vigente es el de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional, para los cargos pluripersonales; permite al elector afiliado a un partido político a emitir un voto preferencial, eligiendo a uno de los candidatos integrantes de la lista de su preferencia, permitiéndose al afiliado a participar en la composición definitiva de la lista de candidatos de su partido, mediante el sistema de representación proporcional.
Además, ahora se permite al ciudadano elector en comicios nacionales que figura en el Padrón Nacional, a votar también directamente por un candidato de su preferencia que integra la lista de un partido político, la cual será así alterada en el orden original, mediante el sistema de representación proporcional, con incidencia en el orden final definitivo de las candidaturas de los partidos políticos.
Así se cumple el Artículo 182 constitucional, porque los miembros titulares de ambas cámaras “serán elegidos directamente por el pueblo” representado por los electores, “de conformidad con la ley”; también se cumple mejor el Artículo 3 constitucional que expresa: “El pueblo ejerce el Poder Político por medio del sufragio”, todo ello coherente con la democracia participativa enunciada en el Artículo 1, párrafo 2 de la Constitución. Sin embargo, el resultado sociológico de la aplicación de la vigente normativa electoral es muy desalentador, porque mayoritariamente los actuales integrantes de ambas cámaras del Congreso, son las peores de la época democrática y libertaria del Paraguay; es decir, estamos ante una peligrosa kakistocracia legislativa, con diputados y senadores ineptos, corruptos, incompetentes, cínicos e hipócritas.
La inmoralidad de los legisladores revela también la deficiente estructura moral de la sociedad política. Esta situación lamentable revela que el electorado paraguayo que les votó, evidentemente carece de educación y de cultura política, que le impide al ciudadano desarrollar su juicio crítico; esto denota la falta de conocimientos y de formación cívica.
No es bueno ser ignorante en política, porque no solo se arruina la propia vida, sino que también se daña la salud y se retarda la prosperidad de la sociedad política en su conjunto. La solución no es derogar la ley vigente, sino mejorar drásticamente la educación cívica de la ciudadanía.