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Como en todo golpe organizado por embajadas norteamericanas a través de la Historia, hubo actores locales y algunos de los actores locales creían de buena fe en la operación en que estaban involucrados (Lenin los llamaría “idiotas útiles”).
Sabemos que fue un golpe de Estado porque hubo al menos dos quiebras de nuestra Constitución tan evidentes que ya nadie mínimamente serio niega el evento: La violación del Artículo 174 de nuestra Constitución, por la que se sometió a Lino Oviedo, militar retirado, a un tribunal militar expresamente prohibido para sacarlo de la carrera presidencial y la de su Artículo 234, por la que se incumplió el mandato de convocar a elecciones en caso de acefalía previa al tercer año del mandato, sentando con esto último un precedente nefasto que aún no fue rectificado por la Corte Suprema.
El resultado del golpe, como el de todos los golpes exitosos, fue transferir el poder a fuerzas que no habían ganado las elecciones.
Y sabemos que fue la embajada de Estados Unidos por el papel coordinador que asumió públicamente la embajadora Harty, que hasta incluyó premios al entonces comandante de Fuerzas Militares, Eligio Torres Heyn e interacciones que llegaron hasta la Casa Blanca por vía del comerciante filipino norteamericano Mark Jiménez, asiduo contribuyente a las campañas del entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton.
Hasta donde sé, el golpe de marzo del 99 fue el primero que los norteamericanos perfeccionarían después bajo nombres como Revolución Rosa (Georgia, 2003), Revolución Naranja (Ucrania, 2014), siempre coordinados por sus embajadas. El golpe en Ucrania está particularmente bien documentado y su protagonista fue la embajadora Victoria Nuland, figura central, después y por eso, del gobierno de Joe Biden.
Dedico este recuento para las personas que pretenden negar que la embajada de Estados Unidos interactúa con fuerzas fácticas paraguayas (las organizaciones “no gubernamentales” -ONG-, la Iglesia Católica, elementos de las fuerzas de seguridad) y con algunos actores políticos para el logro de sus intereses comunes.
Creo que será difícil para cualquiera negar que la embajada de Estados Unidos hizo cuanto estuvo a su alcance para reducir las chances electorales de la Asociación Nacional Republicana en 2023 (la designación de Hugo Velázquez como “significativamente corrupto” prueba que su ataque no era sólo al cartismo) ni que tras el triunfo colorado sigue operando para deslegitimar al gobierno electo.
Obviamente, el cambio de gobierno en Estados Unidos, previsto para el próximo 20 de enero, supone la posibilidad de que la conducta de la embajada en Asunción sea rectificada, sobre todo tras las declaraciones del secretario de Estado designado, Marco Rubio, y del subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Christopher Landau, anunciando otro rumbo, pero faltan algunas semanas para ello.