Cargando...
A pesar de las restructuraciones adoptadas por el gobierno en los sectores económicos y financieros, el gasto público en los tres poderes y en las demás instituciones estatales, ha ido creciendo anualmente en un alto porcentaje relativo. El PGN del año 2024 fue superior en 10,6% al inicial del año 2023; para el año 2025 se espera alcance 17.557 mil millones de dólares, que representa un aumento del 14% en relación al presupuesto vigente. A los legisladores poco o nada les interesa el origen del dinero, que es siempre finalmente el bolsillo del contribuyente privado.
Como los señores feudales dueños de vida y hacienda de quienes habitaban su territorio, los políticos envían inspectores a esquilmar a quienes producen riqueza en la ciudad y en el campo, para que en cada ejercicio anual crezcan los gastos innecesarios que engorda a una burocracia elefantiásica, ineficiente y corrupta chapoteando en los organismos públicos, y para pagar montos abultados de obras públicas de pésima calidad y altos costos, aumentándose en cada año el déficit fiscal, porque no se ajustan los gastos a los ingresos; así, la deuda pública crece exponencialmente cada año; en el primer semestre del 2024 totalizó 17.759 millones de dólares, pasando a 39,2% del PIB (ABC Color).
Para obtener más ingresos, algunas autoridades informan que sus instituciones tienen superávit financiero; dicen que recaudan más de lo que gastan. Sin embargo, ocultan que eso ocurre porque no abonan toda la deuda; mediante ese ardid consiguen recargos salariales y otros beneficios, en premio a su “buena gestión”. Como consecuencia, los acreedores internos desesperados despiden trabajadores, disminuyen su producción o su stock, o quiebran. Pero les queda un último recurso salvador, aunque inmoral, para cobrar su crédito: abonar “comisiones” del 10, 20 o 50 por ciento a altos funcionarios de entes morosos, que resultan así doblemente beneficiados: son premiados por el Congreso con el aumento de sus ingresos, y por sus acreedores desesperados con jugosas coimas.
El aumento deficitario del presupuesto anual perjudica a las personas, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas; éstas, para subsistir se mantienen o huyen a la informalidad, enriqueciendo a inspectores voraces con las coimas que reciben de los empleadores “en negro”. La ciudadanía debe saber que el déficit público en dramático aumento, se cargará sobre el contribuyente mediante más tributos, mientras los detentadores del poder político se retirarán de sus cargos a disfrutar del dinero ilegalmente adquirido.
En tanto los funcionarios del gobierno se pasean en el exterior supuestamente para atraer inversionistas, la mayoría de funcionarios y empleados públicos que es ineficiente, incompetente y deshonesta, presiona ilegalmente para obtener el aumento de sus remuneraciones y beneficios. La única solución adecuada y justa es la generación y protección social de más empleos mejor remunerados en el sector privado, que es donde se produce riqueza genuina, mediante el esfuerzo sacrificado de empleadores y trabajadores legalmente registrados.
Caso contrario, aumentará la desocupación, la pobreza; disminuirá la tasa de natalidad y aumentará la mortalidad y la emigración de varones y mujeres mejor calificados; seguirá empeorando escandalosamente la educación pública en todos los niveles, como lo indican informes de organismos nacionales e internacionales. Si el 30% del personal público que presta servicios eficientes y eficaces en la administración pública deja de apoyar al 70% restante que no trabaja productivamente, se evidenciará que éstos últimos deben ser despedidos; así, los primeros aumentarán sus salarios sin aumentar un céntimo el Presupuesto Anual de la República.