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No hay distingos entre presidentes, vicepresidentes de la República, parlamentarios, magistrados, gobernadores, ni el último intendente o concejal del más ignoto municipio del país, ni de aquel funcionario puesto por algún padrino político en algún ente público solamente para “recaudar”.
Hacer “negocios” con el Estado, per se o por interpósita persona (léase prestanombres), sobrefacturando obras y compras públicas, negociando acuerdos y aprobaciones de decisiones parlamentarias, en fin, las posibilidades son infinitas y libradas a la creatividad del agraciado de turno.
Cuántos de estos “próceres” contemporáneos llegaron pobres a la función pública, y al cabo de un tiempo terminan convertidos en acaudalados personajes cuya fortuna difícilmente puedan justificar con sus dietas o sueldos de funcionarios públicos.
La reflexión viene a cuento de un hecho que inquieta sobremanera a vecinos de Carmen del Paraná, quienes el miércoles pasado salieron a las calles a manifestar su preocupación ante lo que consideran una sospechosa “movida” en la Comuna para enajenar unas 140 hectáreas de tierras municipales a favor de una empresa inmobiliaria de Ciudad del Este, en condiciones de precio y plazo de pago llamativamente ventajosas.
El hecho de que se haya deslizado en la Junta Municipal un proyecto para modificar un artículo, el número 39, de la ordenanza 11/2016, que regula la venta de terrenos municipales, hace que las sospechas aumenten considerablemente, pues se estaría creando el instrumento jurídico “a medida” para concretar la operación.
En abril pasado, a raíz de reclamos de vecinos “sin techo” que quieren acceder a una casa propia, el intendente Germán Gneiting Rodríguez (ANR-HC) decía ante medios de comunicación que “le encantaría” poder proveer de terrenos a todos, pero que no están en condiciones.
No hay terrenos para vender a familias carmeñas, pero sí se puede disponer de unas 140 hectáreas de tierras públicas para venderlas a una empresa foránea con un proyecto de barrio cerrado y un negocio inmobiliario de dudoso beneficio para los vecinos de la comunidad.
Existen dudas razonables sobre las motivaciones que impulsan a la administración comunal. La confianza ciudadana traducida en el voto que otorga a sus representantes la potestad de administrar la cosa pública exige que esta se encuadre dentro de la honestidad, transparencia y eficiencia, en beneficio del interés común.