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Para los colorados queda aún pendiente la tarea de averiguar quién sacó mejor tajada de esta transacción: el partido o el intermediario, Juan Carlos Galaverna. Para muchos, no hay duda y, por ende, nada que investigar.
Cartes ejerció el poder, pero en ese lapso de cinco años solo pudo desarrollar una fase de su plan político: el autoritarismo, y en ese contexto se erigió en el único amo del poder, dominando fácilmente el Poder Legislativo y el Judicial. No hubo contrapoder desde la oposición y la única que lo puso en su lugar cuando intentó ser reelecto fue (y miren qué coincidencia) la sociedad civil.
El plan era continuar en el poder y desarrollar en el lapso de diez años el autoritarismo y el totalitarismo, este último ahora en plena ejecución con el dominio absoluto del Estado con todos sus poderes, y él, sentado en el curul de la ANR, la máquina más eficiente de retener el poder. Pero como existe un axioma desde la caída de la dictadura en 1989 de que en las internas coloradas no gana caballo de comisario, perdió en su intento de poner un títere en la candidatura presidencial y fue derrotado por Mario Abdo Benítez, también colorado, pero no de su línea.
Sin embargo, Cartes perdió las elecciones, mas no el poder, que lo conservó parcialmente, motivo por el cual Marito tuvo que convivir con esa interna, que inclusive lo salvó de ir a juicio político.
¿Por qué decimos que el cartismo es un proyecto de poder autoritario y totalitario? Porque siguiendo la tradición colorada, los gobiernos de varias décadas atrás son estatistas y desde el Estado el dueño del poder, el autoritario de turno, controla absolutamente todo lo que abarca el vasto territorio estatal y de esa manera puede aplicar eficazmente la doctrina stronista de otorgar “premios a los amigos y palos a los enemigos; a los indiferentes, la ley” (Palabras de Stroessner).
Ahora estamos en otro gobierno cartista (2023/28) y la opinión pública sabe de los premios que se adjudican con nuestros impuestos, así como también de los palos a enemigos, como a Kattya González, a Beto Riart y tantos otros.
Y ustedes lo adivinaron, ahora viene la ley para los indiferentes. Las ONG.
¿Qué pretenden hacer los cartistas con las ONG? Pues nada complicado para el autoritario y totalitario: mantenerlas bajo control con atribuciones de dar visto bueno o visto malo a sus ingresos y eventualmente hacerlos desaparecer.
Ya no es suficiente tener el control solo en la limitada esfera del Estado, era necesario también controlar a la sociedad civil, y de esa forma ejercer una capacidad de reacción ante gobiernos hostiles que colaboran con las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Usaid (agencia federal independiente de EE.UU. para el desarrollo internacional). ¿Por qué no expulsarla inclusive? si la ley lo dice…
Entonces. No es difícil entender qué pretende el cartismo con las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de las “boludeces” que el presidente Peña pidió a los senadores cartistas de moderar o suavizar los términos de la ley. Meter mano en la sociedad civil, como lo hacía exitosamente Stroessner con los pyragués, trasgrediendo los sagrados principios de las libertades de asociación, de reunión, de expresión y de investigación.
Así también, con inocentes leyes, como la 209 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de la Personas y la 294 de Defensa de la Democracia, Stroessner clausuró la ONG Banco Paraguayo de Datos, clausuró periódicos y diarios y apresó, desterró e hizo desaparecer personas. Todo, con la ley en la mano.