(In) seguridad jurídica

Los expertos en economía coinciden en que la obtención de la calificación “grado de inversión” por nuestro país es un paso significativo para la economía, y un mensaje al mundo de que “Paraguay es un lugar confiable y atractivo para invertir”, según declaraciones del presidente de la república, Santiago Peña.

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De hecho, nuestro país está en la mira de varias empresas de la región, que ven en su estabilidad y previsibilidad económica, su baja inflación, en la fortaleza de su moneda, factores atrayentes para radicar sus inversiones.

No obstante, al decir de expertos de la Fundación Heritage, pese a la obtención de este logro, todavía falta mucho por hacer para aprovechar la condición adquirida y atraer al capital internacional. El organismo califica a Paraguay como de una economía “moderadamente libre”, y funda su análisis en la medición de cuatro pilares fundamentales: Estado de derecho, tamaño de Gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercado, y concluye que en el primero de los tópicos es donde mostramos la mayor fragilidad.

Me detengo en ese primer punto para referir dos hechos que tomaron estado público en los últimos días y que afectan al departamento de Itapúa. Uno de ellos es la denuncia del Bloque Regional de Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y Empresarios del Mercosur (BRIPAEM) de una acción ejecutada por una presunta empresa de maletín con sede en Hohenau y su intentona de patentar en nuestro país los productos de una empresa argentina, la compañía confitera Lheritier, en proceso de instalación de una fábrica en Itapúa.

El otro hecho es una denuncia de directivos de la empresa Micro Plan, de capital austriaco, que viene desarrollando un programa de cultivo de granos con certificación orgánica en la zona de Carlos Antonio López. El caso se tramita en la unidad penal número 1 de Encarnación, a cargo del fiscal Éver Williams Villasanti.

Los representantes de la empresa denunciaron que desconocidos, con presunto apoyo de políticos oficialistas, ingresaron a su propiedad destruyeron un cultivo de sorgo orgánico con material secante y cosecharon el producto, talaron unas cuatro hectáreas de eucalipto, y comenzaron el cultivo de unas 60 hectáreas de soja transgénica. Los sujetos están armados, no permiten el ingreso a representantes de la compañía, y ni siquiera una comitiva policial pudo identificarlos.

Como muestra basta un botón, dice el viejo refrán. Estos dos ejemplos constituyen motivos más que suficientes para que ningún empresario con dos dedos de frente se atreva a venir a Paraguay a invertir su plata. Y tiran por tierra todo esfuerzo por proyectar ante el mundo la imagen de país seguro y atractivo.

Como afirman los expertos, hay mucho por hacer en materia de seguridad jurídica. Y la cuestión pasa por la capacidad del Estado de ofrecer las garantías de seguridad, en todos los órdenes, a propios y extraños, y no las concesiones de impunidad a grupos de poder mafioso que se valen de la debilidad institucional para imponer sus propósitos.

jaroa@abc.com.py

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