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En este departamento se concentra la mayor producción de tomate del país y un gran porcentaje de la economía depende del rubro frutihortícola. Cuando la gente de las zonas rurales obtiene buenas ventas de sus productos, las ciudades del interior del país experimentan un importante movimiento económico y el beneficio llega a todos los rubros de la región. Pero nada de esto importa a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), a la Fiscalía, la Unidad Anticontrabando, Aduanas y Policía Nacional.
Los agricultores están produciendo tomates de primera calidad, tipo exportación, pero lastimosamente no están pudiendo vender sus cosechas. El ingreso masivo de tomate de contrabando satura el mercado nacional y pese a las continuas denuncias de los productores, las autoridades hacen poco o nada para frenar el flagelo.
Actualmente, el Paraguay tiene una demanda de unos 180 a 200.000 kilos de tomates por día, de los cuales se está produciendo un promedio de 120.000 kilos por día en nuestro país, lo que indica que es imposible que se registre la saturación del mercado nacional. Por si el problema no fuera suficiente, lo poco que venden lo hacen a muy bajo costo y la situación representa importantes pérdidas en sus fincas.
Se han hecho cientos de reuniones “intersectoriales” y se han firmado miles de “acuerdos” de trabajos en conjunto, pero todos terminan en papeles y promesas que nunca son cumplidas.
Las autoridades locales, departamentales y nacionales deben tomar en serio el tema de la producción y dejar de lado la corrupción, el amiguismo con los contrabandistas y sí buscar una solución definitiva al problema.
El Poder Judicial y la Fiscalía también cumplen un rol importantísimo en este tema.
Deben castigar con todo el peso de la ley a los contrabandistas y a los funcionarios corruptos y así demostrar que son un órgano fiable y eficiente del Estado; caso contrario, esto poco a poco se convertirá en tierra de nadie, zona de libre albedrío y terminará aniquilando el rubro frutihortícola y el desarraigo de miles de familias rurales del país.