Cargando...
Lo decía como si estuviese hablando de un tribunal sueco, noruego o finlandés, y pretendiese hacernos olvidar la reciente historia de podredumbre institucional del órgano que integra, que quedó documentada con la difusión de las conversaciones en las que se manipulaban sentencias y absoluciones dependiendo de los intereses existentes sobre los ocasionales clientes, cómplices o víctimas durante la presidencia de Óscar González Daher.
El diputado en cuestión es Orlando Arévalo, representante de la cámara baja ante el jurado, quien respondía así al referirse al caso del fiscal Luis Said, sobre quien el jurado abrió un proceso argumentando inacción en una de las cientos de causas que existen en su unidad.
La causa en cuestión fue abierta por una denuncia ante la fiscalía en el año 2018, por parte de Ramón Retamozo, entonces presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Fue en junio del año pasado, cuando el jurado ya integrado por el mismo Retamozo en su carácter ahora de senador, inició la investigación al fiscal y lo acusó cuatro meses más tarde por inacción y falta de imputación en aquella causa.
El jueves pasado la película se completó, con la presentación del fiscal acusador del pedido de remoción del fiscal Said.
Los defensores del fiscal alegan que el pedido es absolutamente desproporcionado, recordando que la ley que regula al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados establece las posibilidades de absolución, apercibimiento o remoción, y que en caso de que exista una sentencia sancionatoria, ésta debe establecerse sobre el grado de reprochabilidad atribuido al enjuiciado y las circunstancias en favor y en contra del mismo.
Hay que recordar también como contexto que Said consiguió varias condenas para personas vinculadas al poder político, como el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, el usurero Ramón González Daher, el exrector de la UNA Froilán Peralta y el exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, hermano del senador cartista Basilio Núñez y condenado hace solo unos meses a 11 años de cárcel.
El caso Said nos lleva a recordar lo que el mismo órgano juzgador hizo hace 21 años, cuando destituyó al entonces fiscal Alejandro Nissen valiéndose de un denunciante vinculado al poder político e involucrado en la falsificación de documentos.
En una parodia de proceso, cuya sentencia nos consta ya estaba escrita varias semanas antes, el jurado destituyó al entonces fiscal y la Corte confirmó su destitución.
El jurado era presidido por Óscar González Daher, y formaba parte de la Corte en aquel entonces la ministra Alicia Pucheta, hoy presidenta del jurado, quien también votó por confirmar la destitución de Nissen.
Nissen recurrió entonces a instancias internacionales, y, como no podía ser de otra manera, pese a que pasaron más de 20 años para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo a desembolsar más de 300 mil dólares y a realizar actos de desagravio para su exfuncionario.
El caso Said entró ahora a la etapa de autos para sentencia, y al debate le agregamos no solo la desproporción de destituir a un fiscal por inacción en una causa, sino sobre todo la pregunta del por qué la vara de los miembros del jurado es tan diferente frente a muchas otras denuncias más graves formalizadas ante el Ministerio Público y sobre las que no hubo avances.
Es bueno recordar entonces que la diferencia entre un país más serio y previsible, frente a uno más informal e impredecible, está en su nivel de institucionalidad, y que con la manipulación de las instituciones, perdemos y pagamos todos.