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El dictamen en el caso por el cual nuestro fallecido fundador y director Aldo Zuccolillo fue condenado a pagar una fortuna a Juan Carlos Galaverna y al poder judicial es demoledor: fue una “restricción indebida” a su derecho a la libertad de expresión porque incumplió con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Inhibió el control ciudadano sobre los funcionarios públicos en asuntos de interés público y fue usada una ley penal en forma retroactiva; Paraguay no protegió preceptos consagrados en la Convención Americana.
El vaciamiento a fines de los ‘90 del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) -donde todos los trabajadores paraguayos aportábamos mensualmente- fue un cataclismo. Regalaron créditos irregulares a particulares y empresas, y financiaron supuestas obras “de interés social”: si alguna vez vio un “complejo habitacional” abandonado frente a la Expo, una suerte de fantasmal pajarera, fue uno de los “emprendimientos” que nos costó unos G. 50.000 millones. El entonces juez Hugo López dictaminó que los daños causados al BNT por los préstamos fraudulentos fueron de G. 120.000 millones, sin calcular intereses. Sindicalistas y funcionarios de poca monta fueron presos, los peces gordos se salvaron.
El presidente del BNT se llamaba Edgar Cataldi Casal Ribeiro, y se jactaba de la amistad e influencia de Juan Carlos Galaverna que pasó a aparecer en muchas de las denuncias de nuestro diario. Cataldi en el 2001 se convirtió en prófugo y nunca pagó su condena de 10 años de prisión. En 1998, Galaverna demandó a nuestro Director por las publicaciones donde se lo mencionaba. A partir de la querella, la actuación de la justicia fue desvergonzada. Basta como una perla decir que la mayoría de quienes avalaron, sobre todo en la Corte Suprema, terminaron luego de la peor manera ante la justicia, incluso condenados y, obvio, millonarios.
VEINTISEIS años después, la CIDH dice que la condena a Zuccolillo fue indebida, que se deberá reparar integralmente las violaciones de sus derechos. Que Paraguay deberá dejar sin efecto la condena para homenajear su memoria, que deberán hacer un acto público de desagravio y reconocer que fue una víctima de procesos penales relacionados con el periodismo. Lo más importante, piden al Paraguay ajustar la ley y despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de funcionarios públicos, personas públicas o particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos. Aún muerto, AZ sigue levantando su voz para que todos los y las periodistas -sin distinción de patrones- podamos denunciar los abusos del poder en Paraguay.