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Sucede que el intendente electo Hilario Adorno, colorado cartista, por orden judicial, no puede acercarse hasta el local de la Municipalidad en un radio de 500 metros. Esta disposición es para evitar entorpecer la causa que lo investiga sobre el uso indebido del dinero público, de hecho el jefe comunal está acusado por lesión de confianza y debe soportar un juicio oral y público.
Ante esta situación, 10 de los 12 concejales que integran la Junta Municipal, procedieron a nombrar como intendente interino al presidente del cuerpo legislativo Claudio Martínez, en cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica Municipal.
Adorno montó una oficina improvisada en el Coliseo Municipal, y desde allí opera como intendente. En tanto, Martínez atiende en el local de la Municipalidad como jefe comunal interino. La cuestión es que ambos lanzan resoluciones o comunicados, y por supuesto, el contribuyente no sabe a quién responder.
En este drama de enredo social aparecen órdenes y contraórdenes. Por un lado, uno de los intendentes declara asueto y la exoneración temporal del pago de tasas de embarques en la comunidad, mientras el otro jefe comunal lo desautoriza y alega que él sigue siendo el único intendente.
El hecho pareciera ser toda una novela, pero la cuestión es que ya lleva varios meses del conflicto y hasta la fecha no se llega a un punto de solución, debido a que el Tribunal Electoral de Concepción, institución que debe mediar en este espinoso caso no se expide al respecto, generando toda una expectativa de posibles enfrentamientos entre los mismos pobladores de ambos bandos.
Así la cuestión, mientras la justicia electoral pareciera desentenderse de este grave conflicto social, toda una población está sumergida en lo que pudiera suceder con este enfrentamiento político y judicial que se da en Puerto Casado.
Puerto Casado, una comunidad necesitada, no se merece esta disputa política que no hace otra cosa que dividir a la comunidad.