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La convocatoria, realizada bajo el título de “Concurso Joven”, por no poder postularse personas de más de 35 años, fue llevada adelante por el presidente de la cámara, Raúl Latorre, luego de que estallaran las denuncias por el descarado nepotismo con el que varios políticos enchufan a su familia al Estado, a costa del presupuesto público.
De este modo se intenta dispersar la atención sobre la permanencia aún como contratados en la cámara, de los miembros de la parentela de varios legisladores oficialistas y de la que debería ser oposición.
Bajo el falaz argumento de que no hubo nepotismo porque no fueron ellos los responsables de los contratos, por no ser los administradores del dinero público, sino el presidente de la cámara quien dispuso las contrataciones, es fácil sin embargo suponer los canjes de favores a cambio de las nepocontrataciones.
Pero además hay algo que nadie convenientemente recuerda.
Bajo el título de “ley que establece medidas de racionalización del gasto público”, rige en el país la ley 6.622, sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, con su correspondiente decreto reglamentario incluido, el 4.899, desde febrero del año 2021.
La ley, impulsada por el entonces senador colorado cartista Sergio Godoy, parece haber sido hecha a propósito de todos estos groseros casos de nepotismo que se siguen documentando como práctica histórica de una mayoría de nuestra claque política que usa y abusa del presupuesto público en beneficio propio.
Así la ley, que en su artículo sexto, establece las condiciones generales para la contratación y nombramiento de funcionarios y asesores, dispone que en NINGÚN CASO se podrá designar a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado y como de los MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS COLEGIADOS, en el organismo o entidad del cual formen parte, sea en calidad de funcionario permanente, contratado o personal de confianza, que perciba una remuneración u honorario del presupuesto público.
Las mayúsculas y negritas son nuestras, para quien quiera relativizar la ley que claramente habla de que bajo ninguna excusa se puede incorporar a parientes cercanos de miembros de órganos colegiados, en este caso por ejemplo ambas cámaras del Congreso.
La única excepción que se realiza en el mismo artículo es precisamente para quienes ingresen a través de concursos públicos de oposición.
La ley no puede ser más clara, rige desde hace más de tres años, y está allí para quien no quiera mirar hacia otro lado.
El concurso convocado desde mañana lanzado con la intención de apaciguar o distraer, logra sin embargo el efecto contrario, al comparar precisamente las condiciones en las que serán incorporadas las personas con base en sus méritos y preparación, con carreras universitarias concluidas como exigencia, y salarios que en promedio están muy lejos de los entre diez a dieciocho millones de guaraníes que perciben mensualmente los hijos del poder político.
Ingenieros industriales, notarios públicos, licenciados en inglés, economistas, administradores de empresas, contadores, abogados, licenciados en comercio exterior, ingenieros agrónomos, médicos u odontólogos, entre otros profesionales requeridos en el concurso, tienen sin embargo en sus manos con este concurso, la posibilidad de mostrar otro camino, el de no deberle favores a politiqueros que utilizan el dinero público en beneficio propio.
Es el camino de la dignidad.