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El plan se ve atractivo, pues para un ciudadano con ingreso de salario mínimo es prácticamente imposible comprar una casa propia. Por eso se le promete que puede adquirir para su vivienda en lugar de seguir abonando alquiler.
El plan de Peña es simple. La oferta consiste en que aquellos que tengan un ingreso familiar de entre G. 2,6 millones y G. 10,7 millones mensuales, podrán acceder a un crédito de vivienda de hasta G. 400 millones, al 6,5% de tasa de interés anual, hasta un plazo de 30 años, y recién al recibir su casa nueva comenzará a pagar el préstamo (en reemplazo del alquiler). Para concretarlo, solo deberá postularse a través de su celular o computadora en el portal donde se muestra la oferta, y someterse al proceso de evaluación crediticia que está a cargo del sector privado.
Entonces, ¿cuál es el problema? Entre las personas y empresas constructoras aprobadas como “desarrolladoras inmobiliarias” y “fiscalizadores” se encuentran varias que registran sanciones por incumplimientos de contrato con el Estado, un dato que se corrobora en el portal de Contrataciones Públicas. También están los criticados por una deficiente ejecución en obras del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), programa del propio MUVH.
Cuesta creer que el MUVH no tuvo en cuenta los antecedentes internos, que sus propios funcionarios ya conocen. Y luego de darse a conocer los casos de anomalías, sigue dando oportunidad incluso a aquellos que fueron salpicados en denuncias fiscales de falsificación de firmas de postulantes del Fonavis, o por obras fantasmas durante la gestión del exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR).
Ni se descalifica a las firmas responsables de obras deficientes, conforme a auditoría de Contraloría General de la República (CGR).
Aún así, la posibilidad de pagar por un techo propio, a precio de alquiler, suena tentador. Pero, ¿se le permitirá hasta a un comerciante construir las viviendas? El programa no solo tiene a lacras entre sus filas, sino a gente que al parecer ni siquiera es idónea.
El Presidente está dejando que se escurra de sus manos la confianza de la gente que desea casas dignas y de calidad, por las que está dispuesta a endeudarse hasta 30 años (algo que para personas de clase media es la inversión más importante en toda su vida).
Así, todo indica que más que un plan ideado para reducir el déficit habitacional, se lo proyectó para que los amigos de políticos sigan con sus negocios, y ahora, no solo a costa de los recursos públicos, sino del bolsillo de la gente.
El proceso en el que interviene el MUVH al evaluar los proyectos y aprobarlos no muestra nada de transparencia, pues ni siquiera se sabe quiénes son los funcionarios responsables de dichas evaluaciones, sus perfiles ni los parámetros que toman. ¿Es personal competente?
Entonces, ¿Qué garantías tiene la ciudadanía? Al parecer, ninguna.
Aún así, el Gobierno está a tiempo de corregir las anomalías, excluyendo a las “empresas” que no reúnen los requisitos para desarrollar obras dignas de la población y transparentando todos los procesos del plan. Por lo pronto, el programa estelar de Peña sigue apestando a un nuevo negociado.