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El más fervoroso en traer esta idea fue el Dr. Aníbal de los Ríos, consejero representante del Ministerio de Salud, recordado por su antecedente en el caso de la amputación errónea de una pierna del asegurado Ramón Samudio.
Sugirió que la patronal debe hacer cumplir este requisito. Esta medida, argumenta él, está prevista en la carta orgánica del IPS, y –afirma que– ayudará a controlar los costos del sistema. Es decir, por lo que se interpreta, es más importante ver cómo arreglar el problema económico generado por décadas de corrupción y mal manejo que el fin del IPS.
Quienes cuestionan la propuesta señalan, con justa razón, que esta medida es insensible y discriminatoria, especialmente para aquellas personas con enfermedades crónicas.
El acceso a la seguridad social es un derecho constitucional que no debe tener limitaciones basadas en el estado de salud de una persona. Esto está consagrado en el artículo 68 de la Constitución y pareciera que el Dr. De los Ríos trata de ocultar esto comparando el IPS con una aseguradora privada. Y eso no es posible. La seguridad social que ofrece IPS no es privada, por lo que debe ser inclusiva y universal.
Mientras, el IPS pretende cargar el peso financiero sobre los asegurados, revelaba Carlos Pereira, consejero del Ente, que el Estado tiene una deuda histórica de 508 millones de dólares con la previsional y 32.000 empresas se encuentran en situación irregular en cuanto al aporte obrero patronal.
El IPS necesita una reforma profunda y urgente. En lugar de imponer restricciones inhumanas, debe enfocarse en garantizar que todos los asegurados reciban la atención que merecen y solucionar el déficit presupuestario que arrastra con una desastrosa gestión para buscar una salida. La Ley N 4392/2011, que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) es una herramienta que, si fuera financiada adecuadamente, podría aliviar significativamente la carga presupuestaria médica del IPS.
La propuesta del Dr. De los Ríos es un atentado contra los derechos fundamentales de las personas. Mientras los asegurados ya soportan un calvario en los pasillos de los hospitales, ahora los futuros aportantes están a punto de ser castigados por la incompetencia y la falta de humanidad de las autoridades.