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El juego de sacar, reponer y volver a sacar fueros a parlamentarios procesados por la justicia no solo fue una afrenta al sistema judicial. Además, fue una maniobra peligrosa porque el Legislativo se arrogó facultades no previstas en la Carta Magna.
Fue la propia Fiscalía General del Estado, a través de una acción de inconstitucionalidad, la que levantó la voz contra esta práctica aberrante que socava los cimientos del Estado de Derecho y plantea, incluso, la inseguridad jurídica que esto genera.
Muchos invocaron el artículo 3 de la Constitución Nacional al señalar que el Legislativo se atribuyó́ facultades que son propias del Poder Judicial. Agregar, modificar e imponer por la fuerza algo que no está en las funciones del Senado, es un atentado directo contra el orden constitucional.
Y mientras en el Congreso se evidencia la fragilidad de nuestras instituciones frente al poder político, los estudiantes universitarios son tratados con desprecio por las autoridades. El reclamo legítimo por el arancel cero es minimizado y despreciado, calificado como la voz de una “minoría ruidosa”, a decir del propio presidente Santiago Peña, o un “puchito” que protesta como lo dijo el futuro presidente del Congreso, Bachi Núñez.
Defender el acceso a la educación nunca puede ser una molestia para el Estado.
El trato ruin a los estudiantes en la reunión convocada por las autoridades fue una vez más insultante. La ministra Lea Giménez, desmeritando el conocimiento de los chicos, preguntaba si sabían de qué se trata la fiducia, a lo que los universitarios respondieron con altura. Ser ninguneados y con menosprecio demuestra la desconexión entre los gobernantes y la realidad que enfrenta la juventud paraguaya. Mientras los estudiantes luchan por un futuro mejor, vemos cómo los privilegios y la impunidad son moneda corriente para aquellos que ostentan el poder.
En medio de todo ello, se conoció el caso de Magida Esgaib, la hija del polémico diputado colorado Yamil Esgaib, quien había tratado de “akãne” a los estudiantes. Otro caso de abuso del poder. Un nombramiento a un cargo público en el exterior con un salario de más de 20 millones sin que la persona al menos haya culminado una carrera universitaria es un insulto a la meritocracia y un recordatorio de que la injusticia impera en nuestro país.
Entre decisiones alocadas y peligrosas en el Congreso, reculadas, ofensas a estudiantes y nepobabies, Paraguay no tuvo una semana de descanso, como es costumbre desde hace mucho tiempo. Solo podemos rogar que en algún momento llegue un orden y que la justicia que necesitamos empiece a rodar como debe ser para que esto funcione.