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Consideremos la imagen internacional de un país que se esfuerza por atraer inversiones extranjeras y lograr posicionarse como un actor confiable en el mercado global. La estabilidad política y el respeto a las leyes son pilares fundamentales para generar confianza de los eventuales inversores internacionales. La destitución de González realizada mediante un proceso que pisoteó el propio reglamento del Senado y con un número insuficiente de votos, según las reglas establecidas, genera una señal alarmante. Sugiere que las disposiciones pueden ser manipuladas o ignoradas por conveniencia o capricho político, teniendo como aliada una mayoría circunstancial. Este tipo de actuaciones, sin lugar a dudas se convierte en un elemento disuasorio significativo para aquellos que busquen concretar inversiones en un ambiente seguro y predecible.
Este acto causa preocupación sobre cuestiones serias acerca del respeto a los derechos fundamentales y en particular, al de la defensa. En todo sistema democrático, la posibilidad de defenderse ante acusaciones es un derecho inalienable. La manera en que se manejó la destitución de González parece socavar este principio básico, poniendo en duda la equidad y transparencia del proceso legislativo.
Más allá de las opiniones sobre las acciones o políticas de la ahora exsenadora González, es crucial enfocarse en el proceso y las implicancias de su destitución. Paraguay debe adherirse estrictamente a los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. Solo así podrá garantizar el clima de inversión atractivo y, lo que es más importante, preservar la integridad y la confianza en sus instituciones democráticas. El tema causó alarma en diferentes ámbitos de suma relevancia en nuestro país. La Conferencia Episcopal Paraguaya, la Unión Industrial del Paraguay, Feprinco, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, entre otros, preocupados por la situación, se han pronunciado al respecto, interpretando un escenario bastante complicado.
La pregunta es si el gobierno está teniendo la suficiente lectura para entender el perjuicio que pueda impactar en una de las principales agendas de trabajo del presidente Santiago Peña; la seguridad jurídica para lograr posicionar al país al grado de inversión. El caso Kattya González no es solo un asunto de política interna, sino un reflejo de cómo Paraguay se proyecta y se presenta ante el mundo. Es un momento para reflexionar y reafirmar el compromiso con los valores fundamentales que sostienen una sociedad democrática y justa.