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En otras palabras, busca despojar a gobernadores e intendentes de la administración de los recursos del Fonacide, alegando irregularidades en el uso. Es cierto que se detectaron hechos de corrupción en el uso del dinero, pero también es verdad que una posible centralización de su ejecución no sería ninguna garantía, pues el Gobierno central es tan corrupto como los departamentales y municipales.
No hay nada peor que las decisiones del país se centren en instituciones y, por ende, en personas que nunca pisaron una zona determinada, que desconocen las realidades de cada pueblo o ciudad o de un departamento.
En el departamento de Alto Paraná hay escuelas con cientos de alumnos que necesitan menos almuerzo escolar que otros con escasos alumnos, dependiendo, claro, de comunidades de menor o mayores recursos económicos.
Lo que debe hacer el gobierno de Peña es mejorar los mecanismos de control, involucrar de manera efectiva a las comunidades educativas, transparentar de manera efectiva los procesos de adjudicación de los fondos para que los recursos beneficien a las escuelas más necesitadas. Y, un punto muy importante, debe garantizar que quienes roban o hacen mal uso de estos recursos, reciban la sanción legal.
Otro argumento para despojar del Fonacide a las gobernaciones y las municipalidades es la desigualdad en cuanto a la distribución de los recursos. Sin embargo, los departamentos afectados por la construcción de las represas hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, sufrieron pérdidas millonarias no solo por la inundación de sus territorios, sino la destrucción de recursos naturales, como extensos bosques que quedaron bajo agua.
Como ejemplo, en Brasil, los municipios del área de influencia de Itaipú recibieron y siguen recibiendo importantes inversiones de la entidad en compensación por la afectación de sus territorios.
Sin embargo, los argumentos de otros sectores en realidad no importan en este gobierno que avasalla todo con la fuerza de su mayoría en el Congreso Nacional.
Y, lastimosamente, es muy probable que concrete la centralización del Fonacide, que sería un gran retroceso en el sistema de administración de los recursos.