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Se creaba así un cardinale nipote, en italiano, o cardenal sobrino, conforme a su traducción al español. Y aunque en el inicio de la práctica fue ese el espíritu de la designación de un cardenal de confianza, con lazos familiares, como toda práctica humana, aunque con pretextos divinos, terminó desvirtuándose por completo cuando comenzó a aumentar la cantidad de cardenales nipotes nombrados por los diferentes papas, para continuar manteniendo el poder, ya a través del colegio cardenalicio.
Fue entonces que el Papa Inocencio XII decidió abolir el cargo de cardenal sobrino, imponiendo a sus sucesores la limitación de nombramientos de cardenales a un solo integrante del círculo familiar.
El concepto se españolizó luego, para que la Real Academia de la Lengua defina hoy al nepotismo como la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad, estableciendo como sinónimos de esta práctica al amiguismo, favoritismo, enchufe, enchufismo, cuatachismo, parcialismo, favor, parcialidad o predilección.
El nepotismo está definido como una práctica que atenta incluso contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene en su artículo 21, que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de equidad, a las funciones públicas de su país.
Conforme a este paraguas universal, una gran mayoría de países adoptaron marcos legales que buscan combatir el mal manejo del dinero público a través de esta práctica miserable que utiliza al Estado para privilegiar al entorno de quienes ostentan el poder, por sobre el resto de los ciudadanos que con sus tributos sostienen a ese mismo Estado.
Paraguay también tiene su ley contra el nepotismo, en la que establece como punto de partida que comete nepotismo toda persona facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, que realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública.
Pero hecha la ley, hecha la trampa.
Bajo la excusa muchas veces inventada de “cargos de confianza” y con la lógica del quid pro quo, se canjean favores y se sigue utilizando al Estado como gran agencia de rubros.
Un canje de favores en el que es fácil adivinar quienes salimos perdiendo.
Fue por eso una cruel ironía que en la semana en la que comenzaron a instar a jóvenes bachilleres de familias de escasos recursos a presentarse a una de las cinco mil becas para estudiar una carrera universitaria en el país, saliese el presidente del Congreso a echarle litros y litros de nafta al fuego para, desde su condición de privilegio, intentar dar una cátedra sobre las miserias del sistema educativo público nacional, que precisamente sostienen desde hace décadas, en lugar de pedir disculpas por esta nefasta práctica que tiene secuestrado al Estado en manos de clanes familiares.
Y muy por el contrario llevó a encender en estos días los faroles sobre todas las parentelas privilegiadas enchufadas al presupuesto público.
El tema pegó en la línea de flotación. Es la razón de ser de los piratas de la política. De quienes históricamente usaron y siguen usando al estado paraguayo en beneficio propio.
De quienes nos cargan a todos, y sin concurso alguno, todas sus necesidades familiares, amistosas, amorosas y de prebendas políticas para seguir sosteniéndose.
Son la casta que se apoderó del Estado. Los enemigos de la democracia.
Aquellos que empujan a un porcentaje de la población cada vez más harto y alto, a refugiarse en los brazos del primer mesiánico que se embandere con un discurso antisistema.