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El ministro de Hacienda dijo que se debatió en las centrales obreras y asociaciones de empresarios. No está mal. Pero la legitimidad de cualquier proyecto de ley está en el resultado de la convocatoria a los sectores interesados cuyas opiniones deben ser escuchadas por los parlamentarios. De lo contrario, es una dictadura de la mayoría, siempre circunstancial. Además, en este caso como en otros, esa mayoría está conformada por legisladores moral e intelectualmente ineptos.
Nadie está en contra de que el dinero de los jubilados y pensionados esté respaldado por un auténtico interés del gobierno. Nadie quiere que el fruto de largos años de trabajo caiga en manos de la corrupción. Nadie desea que cualquier funcionario disponga a su antojo de la caja jubilatoria. El problema de la ley de pensiones y jubilaciones es que con la intención de vigilar a los administradores crea otros administradores que ya no tendrán vigilancia. Si los actuales no son de confianza ¿quién nos dice que los nuevos lo serán?
Padecemos una corrupción tan arraigada en las instituciones del Estado que cualquier cosa, tratándose de dinero, nos pone en guardia o en la imposibilidad de prevenir y evitar el robo.
Se roba mucho, hasta legalmente. ¿No es un robo, por caso, que el presidente de la República, en sus constantes viajes al exterior –ahora en Dubai- , vaya acompañado de una numerosa, costosa e innecesaria delegación con el dinero de los contribuyentes? ¿Qué se trajo, por ejemplo, de la visita al Papa? Nada, sus bendiciones y algún rosario que tampoco para nada sirvieron. En su peregrinación católica, el presidente estuvo también en la misa central de Caacupé. Hizo bien en irse. Tuvo la ocasión de escuchar el otro discurso, no el de los hurreros profesionales. Se habrá enterado de la opinión de la jerarquía católica, y de miles de fieles, acerca de la Superintendencia. Pero nada le importó. Apenas regresó a Asunción, ratificó la postura del cartismo de convertir el proyecto de ley en una pesadilla para los trabajadores en general, y especialmente para los jubilados y pensionados. De la justa reacción ciudadana Peña culpó a uno de los más tenaces defensores del dinero de los trabajadores, Pedro Halley, de quien dijo estar resentido porque no le había nombrado miembro del consejo del IPS. Una mentira más del presunto en su afán de encontrar culpables por la masiva reacción en contra de la Superintendencia. La crítica de Halley no es de ahora.
Pedro Halley fue gerente de Prestaciones Económicas hasta junio de 2021. El entonces presidente del Consejo, Vicente Bataglia, lo despidió por “alarmar a jubilados de forma irresponsable”. Lo que había dicho Halley es lo mismo que dicen hoy las nuevas autoridades. “Yo no quiero –dijo Halley- esconder la basura bajo la alfombra y decir que todo está bien”. Contarle a los jubilados la verdad, le costó el cargo.
“Decir que todo está bien” es la divisa que el presunto adoptó para su uso. En estos días salió a decir que ya se nota que el país está mejor. Normalmente, suelen pasar dos años de gobierno para que un presidente pierda el sentido de la realidad y comience a delirar sobre sus “éxitos”. Los cartistas sí están mucho mejor, pero ¿y el país? ¿Está mejor un país donde gran parte de su población vive con la angustia de un futuro peor? ¿Qué le ofrece el cartismo? Acabamos de ver: Represión a las legítimas manifestaciones ciudadanas y llevar adelante, a lo bestia, cualquier proyecto que les convenga. Nada de diálogo. Nada de escuchar a la otra parte. Total “somos mayoría”.