Cooptación vs. control

De manera restringida se podría delimitar el derecho constitucional como el derecho que estudia la constitución, entendida está a la vez como el Pacto Político de base y norma fundamental. Pretende, como se ha escrito, descartar toda actividad arbitraria en el ejercicio del poder que difiere con el antiguo régimen autoritario marcado por ilimitado poder del monarca.

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Actualmente, a la Constitución se la interpreta como un sistema de normas que contienen los principios reguladores del Estado, su estructura, el poder público y su ejercicio y garantiza a los ciudadanos sus derechos básicos y garantías sociales, dentro de un marco político, económico y jurídico.

La Constitución representa la estabilidad del Estado, la cual debe protegerse, a cuyo efecto se contemplan límites y control al poder. El ejercicio del poder tiene que ver con lo político. Lamentablemente en nuestro medio político la clase política, una cúpula, en lugar de exaltar y profundizar los mecanismos del control del poder establecidos en la Constitución llega a minimizarlos a consecuencia de los acuerdos políticos, turbios por excelencia, sobreponiendo esos a las disposiciones de aquella y del orden jurídico en el ejercicio del poder. Es que, como se ha dicho, a mayor consenso, menor control.

Palpablemente la clase política paraguaya incrustada en la ANR y en particular en uno de sus movimientos ha asumido una conducta de total control del poder, pero no precisamente para que las instituciones funcionen en los términos de eficacia, de eficiencia del poder establecidos en la Constitución, sino por el solo hecho de cooptarlo totalmente como un instrumento de poder, de control directo e indirecto, pero no como mecanismo de control sino de dominio.

Cooptar viene del latín “cooptare”, que significa “incorporar a un grupo o a una sociedad”, tiene que ver con control. Es la capacidad de componer actores transcendentales al poder haciendo uso de dispositivos informales (prebendarismo) y formales. No solo se perpetra a través de individuos particulares sino también de instituciones que no desean mantenerse al margen de lo que sucede en los “círculos del poder”. El problema de las cooptaciones es peligrosa sea que se hagan a través de la aquiescencia de privilegios como de la concesión de cargos.

En efecto la asignación, la repartición discrecional de empleos y cargos en la administración es una de las formas más frecuentes a través de las cuales se manifiesta la cooptación. Alimenta la maquinaria cooptadora. Compromete al cooptado. Y es la antesala de la corrupción considerando que involucra comprometer a quienes los reciben. Implica hacerlos depender de concesiones específicas o importes de dinero que no solo suministran sus respectivos mantenimientos, sino les consienten llevar una vida acomodada. De ejemplos abundan en la por demás acomodada y desvergonzada clase política paraguaya.

En una democracia, los límites al poder están determinados por la Constitución y el orden jurídico.

El Poder Legislativo, el Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Magistrado, la Fiscalía, la Secretaría anticorrupción, órganos de control, por citar son los principales campos de batalla en la cooptación del Estado por parte de la clase política, de esa clase política perversa y corrupta.

Cuando las instituciones del Estado garantes del sistema democrático y el ejercicio de los derechos ciudadanos son influidas mediante corrupción por grupos ilegales, se dice que ese Estado ha sido “capturado, cooptado”, el Estado es “reconfigurado” para beneficiar sus intereses y legalizar sus prácticas ilegales.

Hoy día, penosamente, tenemos un amplio sector del parlamento sometido a un líder, que no es tal, vertical en su manejo, que no sirve al pueblo que lo voto y eligió, sino al personaje que funge de líder o a los intereses y aspiraciones coyunturales del movimiento o agrupación política que, transitoriamente, maneja la mayoría. Un sector que no representa al pueblo. Un grupo que no controla ni fiscaliza ni le importa porque está sometido bajo control digitalizado de seudo líderes que aprueban a una velocidad por demás sospechosa y preocupante, leyes inconstitucionales sino de dudosa legalidad para lo cual ha copado prácticamente todo el espectro político nacional a partir de los peores nombramientos que cualquier nación decente pueda imaginar que sobreviven políticamente sin rendir cuentas ante los ciudadanos.

Es que con el copamiento del Estado, dicho sector político concentrará más poder para poner las instituciones a su servicio como de hecho lo está haciendo. No busca el mejoramiento, sino la captura, no busca desterrar la corrupción, solo pretende usarla en beneficio propio y formar parte de ella. No estamos siendo conscientes del riesgo que significa para el país y para el día a día dejar que ese grupo acumule más poder con el agravante de tener un talante autoritario.

El Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento sin descontar la Fiscalía penosamente son los principales campos de batalla en la cooptación del Estado. Es que los jueces son los garantes de los derechos establecidos en la Constitución y esa función requiere márgenes de independencia que en el Paraguay está visto no existe, porque ese ámbito es objeto de interferencias por la clase política que no solo reparte favores, desde comisiones ilegales, nepotismo, intercambio de cargos, sino que compra operadores para neutralizar opositores.

En conclusión, tenemos que, lo que pudo haber sido positivo como medio de control, termina siendo innecesario, inoperante y, sobre todo, un medio de distorsión del manejo democrático del poder.

aamonta@gmail.com

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