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Sin embargo, Hugo Javier, exfuncionarios, integrantes del Consejo Regional de Salud de Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (Cenop) y la Asociación Ecodesarrollo tenían conocimiento del maquiavélico plan e igual actuaron con dolo directo de primer grado, sostiene el fiscal de la causa, Silvio Corbeta Dinamarca. Además de la acusación por los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, el agente pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Hugo Javier también fue acusado en otra causa similar. Junto a otras siete personas enfrentará otro juicio oral y público por un perjuicio de G. 5.105 millones del fondo de emergencia del covid-19 transferidos por el Ministerio de Hacienda (ahora Economía y Finanzas) a las gobernaciones.
Serán juzgados por daños patrimoniales que suman G. 23.405 millones. Hugo Javier, quien actualmente tiene arresto domiciliario, se expone a 10 o 15 años de pena privativa de libertad. Lo ideal sería que ese dinero sea devuelto y sea invertido en obras y asistencias en el departamento Central.
Es hora de que autoridades, funcionarios, empresas, ONG, etcétera, entiendan que los fondos públicos se respetan y se deben destinar a quienes corresponde. El caso de la Gobernación de Central debería ser un ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir en el país.