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Entre los procesados se encuentra el exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), además de proveedores, miembros de las ONG y exfuncionarios. Todos son investigados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y apropiación.
En cada uno de los requerimientos conclusivos, el fiscal Silvio Corbeta Dinamarca tendrá la oportunidad de solicitar la salida procesal que él considere “justa” o la elevación de la causa a juicio oral y público.
De hecho que dicha diligencia comenzó esta semana y cuatro imputados fueron beneficiados, por expreso pedido de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), con la suspensión condicional del procedimiento, es decir, no irán presos y pagarán una multa “para reparar el daño patrimonial causado”, además de cumplir con otras condiciones por cierto tiempo establecido, y luego, la acción penal se extinguirá.
En otra causa penal similar, donde el perjuicio a la institución departamental fue de G. 5.105 millones del fondo covid-19, Hugo Javier enfrentará juicio oral y público, y se espera que en este caso no sea diferente, ya que, tanto para las transferencias de dinero a las ONG, así como para las rendiciones de cuentas de las supuestas ejecuciones, se utilizó la misma metodología creada por un esquema delictivo.
Según la Fiscalía, el cerebro de este esquema con la complicidad de 47 personas manipuló documentos utilizando toda la estructura de la Gobernación con el fin de que varias personas se queden con el dinero público.
En este sentido, la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que las transferencias se realizaron de manera irregular e incluso no existen respaldos documentales que avalen el uso del dinero.
La sufrida población del departamento Central espera atenta las decisiones que el fiscal de la causa y el juez especializado vayan a determinar en los próximos días. Asimismo, se espera que el cerebro del esquema delictivo sea identificado y procesado si es que ya no lo está en esta causa.