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Los artículos 241 y 237 de la Constitución Nacional son claros en cuanto a los requisitos, las incompatibilidades e inmunidades, los cuales indican que no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Así como tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.
Al nombrar a sus ministros en el Consejo de Itaipú, Santiago Peña incurrió en mal desempeño de sus funciones, lo cual es causal de juicio político según varios constitucionalistas, lo que daña la investidura presidencial, además de vulnerar la Constitución Nacional.
Sin embargo, una vez más la impunidad se hace presente en la República del Paraguay, mediante una mayoría circunstancial en ambas cámaras del Congreso, que en vez de cumplir con el rol de proteger y custodiar la Constitución Nacional y las leyes, debido a una mayoría circunstancial, dan un manto de protección al presidente de la República, quien en lo que va de su gobierno ya comete tremendo atropello al Estado de Derecho.
Ante esta situación, cada ley se vuelve casi inaplicable, ya que tanto el Poder Ejecutivo, en complicidad con el Legislativo, dejan desamparada la institucionalidad de la República y a la ciudadanía, ya que las mayorías circunstanciales se vuelven juez y parte de la aplicación de las normas que rigen a la Nación.
¿Con qué autoridad moral y legal el Poder Ejecutivo ahora perseguirá a corruptos, ladrones y criminales?
Desde el momento en que las propias autoridades cometen una falta tan grave a la Constitución Nacional y las leyes, cualquier norma que quiera aplicarse pierde sentido, debido principalmente a la moral de las instituciones del Estado.
Este atropello se configura en un punto de partida para el detrimento del Estado de Derecho, dentro de un gobierno cuyo padrinazgo ya concretó hechos similares con la recordada enmienda de sangre.
No se puede dejar de defender las leyes y los derechos, exigiendo su cumplimiento, pero al mismo tiempo, contar con la disciplina necesaria para respetar los acuerdos sociales y ser consecuentes entre quienes creemos y queremos una República.