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Nadie discute que la propietaria del edificio es la Municipalidad. Pero también es indiscutible que la Cruz Roja tiene derechos, como el de posesión.
En agosto del año pasado, el intendente Magín Benítez (PLRA) decidió cambiar las cerraduras y dejar a los voluntarios en la calle. En la práctica, fue un desalojo. En realidad, el jefe comunal debería haber iniciado un juicio de desalojo, ir por las vías judiciales, en vez de tomar por asalto el edificio construido y ocupado por la organización.
Poco antes, la Filial Guairá de la Cruz Roja se negó a un pedido del intendente para ceder la mayoría de las oficinas a la Clínica Municipal. Al intendente le dijeron que “no” y este respondió llamando a un cerrajero.
Los voluntarios primero dijeron que no iban a ir ante la Justicia. Es una organización de paz, no querían un pleito legal, buscaban el diálogo. Pero no tuvieron otra salida y en octubre la entidad desalojada de hecho promovió un juicio de interdicto para recuperar la posesión. Un proceso sumario, en teoría, rápido. Pero no; tardó diez meses y la dilación fue, en parte, por las chicanas de la Municipalidad y de la terquedad del Ejecutivo.
Finalmente, días atrás, el juez Civil de Villarrica que entendió el interdicto, Óscar Ortega, resolvió como todos esperaban: a favor de la restitución.
Es cierto que el edificio es de la municipalidad. Pero hay una ocupación, hay inversiones y otros actos posesorios. El despojo fue ilegal y se violentaron derechos. Era obvio. Es absurdo echar a la organización internacional por excelencia, símbolo de paz y humanismo, rompiendo candados a la noche, como hizo Magín Benítez.
¿Entonces la pelea termina a favor de la Cruz Roja? Probablemente aún no. El fallo tiene que quedar firme y la Dirección Jurídica de la Municipalidad todavía no informó si se apela el fallo. Pero en vista a las chicanas de casi un año, lo más probable es que la mezquindad hacia la Cruz Roja continúe por muchos meses más.