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Enfrenta un escenario donde uno de los principales retos será la gobernabilidad, con una Junta Departamental de absoluta mayoría opositora, con la que deberá consensuar acciones. La mesa directiva de la Junta fue copada por concejales colorados, lo que parece ser una señal elocuente de un cerramiento del sector.
Otro desafío gravitante será el acceso a recursos que están fuera del presupuesto anual de la gobernación, como el programa Ñemity, y otro de apoyo a familias rurales. Un gran paquete de dulces (alrededor de dos millones de dólares por año) repartidos entre la muchachada ligada al poder de turno a través de cargos, consultorías, compras directas.
Estos recursos son proveídos a través de la entidad binacional Yacyretá (EBY) y administrados por el gobierno departamental. No debe sorprender que en el futuro su administración pase a la esfera de la EBY.
Ya se dio una experiencia de “vendetta” política con la Municipalidad de Encarnación, cuando el oficialismo fue desplazado del gobierno comunal en el 2015. Comenzó el retaceo a programas de apoyo al Hospital Pediátrico Municipal (HPM), o el sistema de recolección de residuos, como ejemplos más notorios.
Una tarea no menor será la de eficientizar una administración saturada de funcionarios ingresados a través de cupos políticos. Entre estos hay muchos de ellos los llamados “planilleros” que están nombrados como funcionarios, que serán un lastre difícil de desprender.
En este contexto, deberá ocuparse de problemas estructurales de un departamento inmensamente rico, pero de una gran inequidad en el acceso a los recursos y oportunidades de desarrollo. Promover un modelo de economía incluyente, generar oportunidades de trabajo, atender a los sectores menos favorecidos, impulsar acciones que mejoren la movilidad en un paso fronterizo Encarnación-Posadas acogotado por el contrabando hormiga, entre muchas otras necesidades que enfrenta el departamento.