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Hace meses que vienen pasando calvarios en sus fincas. El costo de la producción de tomates es de unos G. 3.500 el kilo en finca y la venta del mismo debe rondar los G. 4.500 el kilo en la chacra, pero a causa de la saturación del mercado por el ingreso ilegal de tomates argentinos, los precios caen por el suelo y se comercializan a un promedio de G. 2.500 a G. 3.000 el kilo en finca. Esta situación les genera millonarias perdidas a los agricultores del interior del país.
Las autoridades nacionales saben perfectamente de la tremendas falencias de control en las fronteras, pero no hacen nada para solucionar el problema. Al parecer el negocio oscuro del contrabando llena los bolsillos de los corruptos y perjudica enormemente a los humildes trabajadores.
Tras denuncias públicas y manifestaciones de los tomateros, la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), compuesta por instituciones como la Fiscalía, la Policía, Aduanas, Ministerio de Agricultura (MAG) y otros, frenaron un poco el ingreso ilegal de tomates y favorecieron las ventas, pero fueron solo 10 días, porque al relajarse los controles cayeron de nuevo los precios. Pareciera que solo hacen para callar por unos días a los agricultores, manipularlos con migajas en las ventas y después sigue el gran negociado.
Este hecho también ocurre por una gran falta de organización de los tomateros, quienes no tienen fuerza de arrastre en sus reclamos y son avasallados fácilmente por los corruptos de turno.
Los productores deben saber que si cuentan con una organización nacional bien establecida, podrán exigir con más fuerza sus reivindicaciones y obligar a las autoridades de turno a realizar con eficiencia sus funciones.