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El órgano judicial está en deuda con la sociedad política, pues la verdadera independencia del Poder Judicial exige del magistrado autonomía científica y libertad moral para resolver los casos según su leal saber y entender, sin someterse a criterios de órganos superiores que no comparte personalmente, aunque los aplica en su resolución, invocando un inexistente deber de obediencia. Las sentencias valen lo que valen quienes las dictan con rigor intelectual y ético.
La crítica social y en los medios de comunicación, se manifiesta porque todavía se cree y espera mucho de los integrantes de los órganos jurisdiccionales; si la crítica disminuye o desaparece será porque ya nadie cree en ellos; entonces no se justifica que exista el Poder Judicial.
El Poder Judicial, y no los medios de comunicación social, se integra con funcionarios y empleados públicos, sujetos a un escrutinio estricto y permanente de la opinión pública. Con ese propósito, el Art. 26 constitucional garantiza “la libre expresión y la libertad de prensa”, así como “la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura previa…. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”; a su vez, el Art. 27 agrega: “El empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público”.
Es una falacia peticionar al juez “hacer justicia” en el caso sometido a su consideración; solamente se le pide conducir imparcialmente la controversia, haciendo cumplir estrictamente las reglas de juego establecidas en la legislación procesal; y, en su oportunidad, en la mayor brevedad posible, dictar autos interlocutorios y sentencias definitivas, aplicando en la decisión los principios jurídicos y los textos normativos vigentes. No se le pide perseguir el delito, sino sancionar al infractor; no perseguir la corrupción en la política, sino castigar al político corrupto; no combatir la informalidad laboral y previsional, sino obligar al empleador a abonar los beneficios salariales, las indemnizaciones legales y las que correspondan por los daños y perjuicios morales y materiales causados al trabajador y a su familia.
La Corte Suprema debe potenciar los lazos con la sociedad organizada: asociaciones de abogados, organizaciones sindicales y empresariales, a fin de lograr una mayor comprensión de los intereses de la sociedad civil. Me consta que algunos ministros están comprometidos eficientemente en esa gestión, pero no son todos.
Según me dijo muy preocupado un expresidente de la Corte Suprema, las funciones administrativas y financieras legalmente atribuidas, y las auto asumidas por la Corte Suprema, les insumen a sus miembros el setenta por ciento del tiempo disponible; los treinta por ciento restantes se dedican a las funciones jurisdiccionales. Esta carga laboral es inhumana y explica la situación actual del Poder Judicial.
Es urgente la asunción de un liderazgo por la Corte Suprema, en la transformación de la organización y las funciones del propio órgano, y de las demás instancias judiciales.
A la Corte Suprema le corresponde la ingente y urgente tarea de reconstruir la independencia del Poder Judicial y, además, construir la imagen de que todos sus funcionarios integrantes son independientes, idóneos y probos.