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Un juicio oral en el que debe ser juzgada la conducta de cuatro exfuncionarios municipales pillados con la mano en la lata no se pudo realizar, el miércoles, porque ¡no había funcionarios disponibles en la Tercera Circunscripción Judicial de la República!
Fue penoso ver las explicaciones que intentaba dar el presidente del Tribunal, Dr. Cristino Yeza, a los abogados de la Municipalidad, de que no estaba al tanto de la falta de funcionarios en el Tribunal de Sentencia que debía llevar a cabo el procedimiento. Habla poco en favor de su gestión al frente de un organismo de tanta trascendencia para la sociedad. ¿O acaso sus asistentes le ocultan información?
Este “descuido” pone en tela de juicio el interés del órgano jurisdiccional por investigar un hecho que afecta a toda la comunidad. Aún más, pone de manifiesto la desidia y falta de respeto –por decir lo menos– de los operadores de justicia hacia la ciudadanía, a la que se deben como funcionarios públicos responsables de administrar un bien jurídicamente protegido de fundamental importancia, como es la justicia.
Resulta cuando menos llamativo que, por segunda vez, se suspenda un juicio oral que está cerca de prescribir por el transcurso del tiempo, donde se debe resolver una acusación por presunta lesión de confianza que compromete a cuatro exfuncionarios de la Municipalidad de Encarnación pillados con la mano en la lata mediante una auditoría interna, en el 2016.
Los acusados son Fátima Román, funcionaria encargada de la acreditación de haberes; Ana Delia Quiroga, directora de control de presupuesto; Kevin Mendoza (hijo de Fátima), y Fátima Celeste Caballero. Mediante el manipuleo electrónico de las cuentas bancarias, los acusados se habrían embolsillado más de G. 400 millones del dinero de los contribuyentes.
Una de las causas por las que la corrupción vino para quedarse en nuestro país es la impunidad con que se premia a los bandidos. A menudo, desde el mismo Poder Judicial, que debería estar a la vanguardia de esa lucha contra los corruptos.
El poder juzgador da un alentador mensaje a los pillos, tramposos y corruptos de todos los calibres que pululan en la administración pública. Pueden dormir tranquilos: en la desidia, las chicanas y los “criterios políticos” que imperan en este órgano del Estado es donde tienen su mejor garantía de impunidad.