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Muchas instituciones educativas del departamento de Caaguazú cuentan con salas o pabellones enteros clausurados por el peligro de derrumbe y los educadores deben reubicar a los alumnos en pasillos, cocinas y bajo los árboles para evitar la pérdida de clases y salvaguardar la integridad de los mismos.
Las municipalidades y gobernaciones tienen la responsabilidad de refaccionar, de construir las salas de clases, sin embargo, se excusan que los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) son insuficientes y que no pueden cumplir con todos los pedidos existentes en el país. Según los municipios y gobernaciones, el costo de reparación de algunos pabellones es prácticamente igual que construir una nueva estructura pero, extrañamente, prefieren gastar el dinero público en deficientes refacciones que al poco tiempo se vuelven a deteriorar.
Tanto Municipalidad como Gobernación se pasan la pelota y aprovechándose de las situaciones para discursos proselitistas, pero no hacen nada para solucionar los problemas.
Por si fuera poco, el MEC este año destinó un monto total de G. 119.520.232.809 para la adquisición plurianual de útiles escolares, pero estarían incompletos y serían de baja calidad. Desde la cartera de Estado, aseguraron que muchas de las denuncias son por cuestiones políticas o de grupos sindicales que buscan dejar malparado al Gobierno actual.
Los padres de familias y educadores sueñan con tener autoridades competentes y capaces y mejorar las condiciones del sistema educativo del país. La población paraguaya debe exigir la educación eficiente de sus hijos y hacer prevalecer el poder a la hora de elegir a sus futuras autoridades. Se debe dejar el fanatismo partidario y la memoria corta y hacer uso del voto castigo para que las nuevas autoridades teman a su gente y cumplan en forma sus funciones.