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En estos casos mayormente se apunta al eslabón más bajo, que son los guardiacárceles, como los responsables; sin embargo, la corrupción no se mide por el estatus del funcionario.
La semana pasada un escándalo involucró a la directora del Penal de Mujeres de Ciudad del Este. Laura Lorena Acosta fue detenida durante un procedimiento de entrega vigilada, luego de que la familia de una condenada la haya denunciado por un supuesto pedido de coima para favorecer a la interna en un informe.
Inicialmente, al reportarse sobre la detención, surgió la duda de que la aprehendida con el dinero de la coima fuera la propia directora de la cárcel, considerando que es muy arriesgado que una funcionaria con un alto cargo vaya personalmente a retirar la propina. (Generalmente no actúan de esta manera). Luego los intervinientes confirmaron ese dato, era la mismísima directora.
Esto nos da una pauta acerca de la impunidad en que se manejaba y en que seguramente se mueven otros funcionarios, teniendo en cuenta los interminables esquemas de celdas vip, comercialización de drogas e ingreso de productos o artículos no permitidos en las penitenciarías. ¿Qué lleva a una persona que ejerce la función pública a cometer un acto de corrupción? Es justamente la falta de sanciones. Por una parte está el Ministerio de Justicia, institución de la cual depende esta funcionaria, que se llamó a silencio tras conocerse los hechos; no se sabe qué determinaciones se tomaron al respecto. Tampoco se pronunciaron sobre la grave denuncia a pesar de que afecta directamente la imagen del ente.
Por otro lado están los órganos judiciales, que se espera cumplan con su labor. El Ministerio Público, la de investigar, comprobar los hechos y obtener una condena ejemplar; y el Poder Judicial, la de aplicar el castigo que corresponda, para que este caso no se sume a la larga lista de casos que quedan en el oparei y con efecto contrario, la de promover la corrupción a través de la impunidad.